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Diego Raya
Ciudad de México.- Miembros del Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores de la UNAM (SITTAUNAM) denunciaron la urgencia por lograr la basificación de los trabajadores encargados del personal docente y de investigación, quienes a menudo no poseen la estabilidad laboral suficiente debido a la forma en la que son contratados por la máxima casa de estudios.
Este gremio solicitó una asignación de 175.7 millones de pesos para lograr el objetivo.
En correspondencia con la información difundida por esta organización sindical, la propuesta de basificación fue llevada a la Comisión de Presupuesto de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados el pasado miércoles 9 de septiembre. Más aún, dicha propuesta fue presentada al Poder Ejecutivo del país. En ese sentido, dicha propuesta representa “un paso firme por los derechos de miles de académicas y académicos” de la Universidad Nacional.
Para profundizar, la propuesta de basificación incluiría a un padrón de alrededor de 30 mil profesores interinos de la UNAM, los cuales representan aproximadamente el 80 % de la planta académica y enfrentan condiciones de precariedad laboral. Lo anterior ocurre debido a que, cuando un profesor de asignatura es contratado, su periodo de tiempo es semestral, y se renueva cada término de periodo escolar. Por lo tanto, no hay posibilidad de generar antigüedad.
Es así que el monto solicitado por el SITTAUNAM plantea una asignación de unos 175.7 millones de pesos —un monto que representa apenas el 0.09 % del presupuesto anual de la Universidad Nacional— para conseguir los objetivos de estabilidad laboral de los académicos e investigadores pertenecientes a esta organización sindical, así como garantizar un incremento salarial que dignifique las actividades del sector académico.
Este sindicato de “reciente” creación, consiguió el pasado 19 de julio un fallo legal y una resolución para ser reconocido y, así, representar los intereses de los agremiados en igualdad de condiciones. Aún así, el camino para lograr la basificación de alrededor de 30 mil docentes y personal de investigación adscrito a la máxima casa de estudios es una tarea que ha sido impulsada desde hace varios años por los propios afectados, sin obtener aún resultados positivos.
