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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
La familia de Aleyda, la trabajadora del hogar asesinada el 1 de septiembre en el fraccionamiento Grand Viure, durante el ataque y crimen del tecladista Jonathan Meléndez junto con su familia denunció que ninguna autoridad se ha acercado para auxiliar a su madre, quien dependía del ingreso de la joven.
Sus parientes reclamaron atención económica mientras avanza el proceso penal por el multihomicidio ocurrido en Atizapán de Zaragoza. Juana Victorio Cabrera, tía de la víctima, hizo pública la exigencia al salir de los Juzgados de Control de Tlalnepantla, donde Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” fueron vinculados a proceso por su probable intervención. Explicó que su hermana quedó en una situación vulnerable debido a que Aleyda sostenía parte de los gastos familiares.
“Hasta ahorita seguimos en espera, queremos que se nos acerquen; mi hermana necesita mucho apoyo económico”, declaró. La petición, dirigida a instancias estatales y federales, busca que el caso no quede limitado al procedimiento judicial y que también se atiendan las consecuencias sociales de la pérdida.
Álvaro Romero, padre de la joven, permaneció durante una audiencia que se prolongó por más de siete horas. Al concluir, reiteró que la prioridad de los deudos es obtener justicia y conocer el avance de las investigaciones. Según los datos expuestos por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Aleyda fue encontrada atada y con una lesión de arma de fuego dentro de una recámara. Tenía 21 años, realizaba labores domésticas y cuidaba a los hijos de Jonathan Meléndez y Ana Paula en el inmueble.
En la vivienda también murieron Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo; Ana Paula, quien tenía cuatro meses de embarazo, y Sofía, hija de la pareja, de tres años. La vinculación permite continuar la indagatoria contra los dos señalados, quienes deben ser considerados inocentes hasta que exista una sentencia.
Sin embargo, para los parientes de Aleyda ese avance legal no resuelve el desamparo económico de su madre. La ausencia de acompañamiento oficial, denunciaron, agrava las secuelas de un delito que dejó sin sustento a una familia. El avance judicial no sustituye la atención social que requieren los familiares de las víctimas.
