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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México desarticuló una célula delictiva que presuntamente mantenía bajo amenazas a comerciantes, locatarios, franeleros y pepenadores de la Central de Abasto de Ecatepec mediante secuestros, extorsiones, despojos, robos con violencia y venta de drogas. La investigación comenzó a partir de 13 denuncias y se desarrolló durante seis meses. Los operativos fueron ejecutados los días 4 y 6 de julio; 12, 19, 20 y 21 de agosto, así como el 9 de septiembre.
Estas acciones permitieron detener a 10 personas e identificar a otros posibles participantes que permanecen bajo investigación. Entre los capturados se encuentra Jorge Antonio “N”, alias “Coronel”, señalado como dirigente de la USON. Fue localizado en Tizayuca, Hidalgo, donde presuntamente buscaba evadir a las autoridades mexiquenses. Un juez lo vinculó a proceso por secuestro exprés con fines de extorsión y ordenó su permanencia en prisión preventiva.
Durante los cateos relacionados con este individuo fueron asegurados seis inmuebles, entre ellos un despacho jurídico, una escuela, un salón de fiestas y dos ranchos. También quedaron bajo resguardo 20 automotores, maquinaria agrícola, remolques ganaderos y decenas de animales.
Otro de los detenidos es Alejandro “N”, “El Gordo”, identificado como líder de COTRAMEX. De acuerdo con la indagatoria, se presentaba como fiscal, agente ministerial, magistrado, legislador y abogado, aunque no contaba con cédula profesional.
Una familia lo denunció por presuntamente privarla de la libertad en Otumba y exigirle 100 mil pesos para recuperar un remolque con sus pertenencias. El imputado habría utilizado sus supuestas relaciones políticas para intimidar a las víctimas y evitar que acudieran ante las autoridades
Las pesquisas señalan que alrededor de 100 franeleros eran obligados a entregar 250 pesos diarios, mientras que pepenadores cubrían 20 pesos. Las bodegas y establecimientos pagaban entre 500 y mil pesos cada día, según su tamaño. Quienes se resistían recibían amenazas contra su integridad o la de sus familiares. Cuatro investigados más habrían amagado con armas de fuego a vendedores para cobrarles “derecho de piso”, vender estupefacientes y controlar sus actividades. Laura “N” y Magali “N” fueron identificadas como presuntas cobradoras.
