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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
La presidenta municipal de Valle de Bravo, Michelle Núñez Ponce, anunció la presentación de Belinda durante los festejos patrios del 15 de septiembre, mientras su administración mantiene sin transparentar el costo del contrato, el procedimiento de adjudicación y los recursos adicionales que requerirá el concierto. La contratación generó cuestionamientos debido a que el municipio enfrenta necesidades en seguridad pública, mantenimiento vial y servicios básicos, principalmente en comunidades alejadas de la cabecera.
El Plan de Desarrollo Municipal 2025-2027 reconoce que alrededor del 60 por ciento de los habitantes vive en situación de pobreza y admite diferencias importantes entre las áreas turísticas y las localidades rurales. Hasta ahora, el Ayuntamiento no ha publicado el convenio celebrado con la representación de la artista ni ha precisado si el pago saldrá completamente del presupuesto municipal, contará con aportaciones privadas o será cubierto mediante patrocinadores.
Tampoco ha explicado si hubo una licitación, invitación restringida o adjudicación directa. Referencias periodísticas sobre presentaciones privadas de la intérprete ubican sus honorarios entre cinco y ocho millones de pesos. Sin embargo, esa cantidad no puede atribuirse al evento de Valle de Bravo mientras la autoridad no difunda el documento correspondiente. A ese desembolso podrían añadirse escenario, iluminación, audio, hospedaje, transporte, alimentación, protección civil, limpieza y vigilancia.
La falta de un desglose impide conocer el monto total destinado a una celebración de pocas horas y evaluar si la erogación resulta proporcional frente a las necesidades locales. El anuncio ocurre entre reclamos por baches, deterioro de caminos y una cobertura policial considerada insuficiente por pobladores y comerciantes. También persisten exigencias de atención para asentamientos con carencias de infraestructura, donde el acceso a oportunidades laborales y seguridad social continúa limitado.
Núñez Ponce enfrenta además señalamientos por la clausura de un establecimiento comercial, caso que derivó en una denuncia por presunto abuso de poder. Corresponderá a las autoridades competentes determinar si existieron irregularidades; no obstante, el episodio aumentó las exigencias de legalidad y rendición de cuentas.
