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Por Ricardo Sevilla
La autonomía universitaria, en teoría, nació como una garantía indispensable para blindar el pensamiento crítico, la libertad de cátedra y la pluralidad de ideas frente a las injerencias del poder político en turno.
Sin embargo, en la UNAM, este principio fundacional ha sido desvirtuado para convertirse en una suerte de fuero corporativo que protege a una élite burocrática del escrutinio público y la rendición de cuentas.
Amparados en la premisa de la no intromisión, los grupos de poder enquistados en la Torre de Rectoría operan el presupuesto federal como un patrimonio privado, eludiendo auditorías externas rigurosas y justificando contrataciones millonarias opacas, como el controvertido software de admisión de 100 millones de pesos.
Y precisamente esta distorsión conceptual crea una peligrosa “hermana república” donde la fiscalización se vuelve un tabú.
Y es que, mientras las autoridades universitarias invocan la autonomía para frenar revisiones financieras, lo cierto es que vulneran esa misma autonomía al modificar planes de estudio para marginar el pensamiento crítico.
La verdad es que la auténtica autonomía no radica en la opacidad presupuestal ni en el aislamiento del Estado, sino en la capacidad de la institución para gobernarse democráticamente y devolver a la sociedad un valor académico proporcional a los recursos que recibe.
Exigir cuentas claras no es atentar contra la universidad; es liberarla del secuestro burocrático. Pero eso no lo quiere entender el rector Leonardo Lomelí.
Detrás del prestigio internacional de la UNAM se oculta una profunda fractura social: la precarización sistemática de su planta docente.
Cerca del 75% de las clases en las aulas universitarias son impartidas por profesores de asignatura y ayudantes, un verdadero proletariado académico que sostiene el aparato educativo sin estabilidad laboral, sin contratos definitivos y bajo esquemas salariales que rayan en la marginación.
Con pagos que rondan entre 100 y 110 pesos por hora, un docente de a pie percibe ingresos mensuales de apenas 6,000 a 8,000 pesos, una cifra desproporcionada que contrasta con el nivel de exigencia, preparación y responsabilidad que implica formar a las futuras generaciones.
La UNAM no puede continuar parapetándose en el mito de su pasado ni en una autonomía entendida como fuero de impunidad.
