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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
En el municipio de Chalco familiares de personas privadas de la libertad solicitaron investigar una presunta red de comercialización de alcohol y posibles drogas dentro del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Huitzilzingo, donde, según los testimonios difundidos, algunos internos serían obligados a colocar productos prohibidos y entregar fuertes cantidades de dinero.
Las acusaciones señalan a un custodio conocido como “El Mustang” como supuesto responsable de proporcionar la mercancía y asignar su distribución. Los inconformes sostienen que quienes rechazan participar quedan expuestos a golpes, confinamiento en el área de conductas especiales o cambio hacia otro reclusorio. De acuerdo con los testimonios enviados mediante servicios de mensajería, las personas involucradas tendrían que cubrir hasta 80 mil pesos por semana.
Esta exigencia, aseguran, también afecta a sus hogares, pues los parientes enfrentan presión económica y temor ante posibles represalias contra sus seres queridos. Como parte de la denuncia fue divulgado un video en el cual aparecen dos individuos vestidos con overoles azules y el rostro cubierto.
Durante la grabación exhiben latas de cerveza, paquetes con polvo blanco y bolsas que contienen hierba verde; sin embargo, ninguna autoridad ha determinado si dichas sustancias corresponden a narcóticos.
Uno de los participantes identifica al empleado penitenciario como el supuesto proveedor y afirma que establece fechas y montos de pago. También sostiene que el señalado presume contar con respaldo de una instancia estatal, versión que deberá comprobarse mediante una indagatoria formal. Los allegados añadieron que las condiciones para ingresar al inmueble se volvieron más estrictas desde la llegada del mando referido.
Entre las inconformidades mencionaron restricciones y cobros sin reconocimiento oficial, situación que complica el contacto con la población reclusa y eleva los desembolsos de los hogares. Estos reportes se agregan a quejas presentadas en mayo por presuntos sobreprecios en artículos de higiene y agresiones contra quienes carecían de recursos para adquirirlos. Los nuevos señalamientos advierten posibles fallas en la vigilancia, control y supervisión del establecimiento. Hasta el cierre de esta edición, la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Fiscalía General de Justicia estatal no habían confirmado la autenticidad del material ni informado sobre alguna investigación. Los denunciantes pidieron verificar lo ocurrido, deslindar responsabilidades y aplicar medidas que garanticen la integridad y los derechos humanos de los reclusos.
