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Por Ricardo Sevilla
El hallazgo del cuerpo del diputado federal Zenyazen Escobar, en Veracruz, es un prisma desde donde deberiamos observar la fragilidad con la que se ejerce la representación pública en ciertas regiones de México.
Y es que no es anecdótico que los principales ataques y atentados sean contra representantes del partido Morena.
Tampoco es coincidencia que, en estados como Guerrero, Oaxaca, Morelos, Michoacán y Veracruz, la labor de los operadores, activistas y funcionarios de Morena se desarrolla en un escenario caracterizado por la recomposición de los poderes fácticos.
Pero ¿qué quiere decir exactamente una recomposición?
Que cuando un proyecto político, como el de la 4T, que asume gobiernos municipales e implementa mecanismos directos de gestión —tales como la entrega no intermediada de apoyos sociales, la fiscalización de la obra pública local y la reestructuración de las mandos policiales municipales—, rompe de forma inevitable con los arreglos no escritos de impunidad y extracción de rentas que prevalecían en esas comunidades.
Es un hecho real que la llegada de activistas y dirigentes formados en la base social, respaldados por Morena, altera las reglas de negociación. ¿Con los caciques locales? ¿Con los delincuentes locales? Eso debe investigarse.
Una cosa es cierta: la violencia dirigida hacia cuadros de Morena en las entidades con mayor presencia de grupos armados exhibe la resistencia de los microdespotismos regionales.
Los episodios trágicos que han cobrado la vida de legisladores, candidatos y operadores de campo no pueden desvincularse de la pugna estructural por la captura de los aparatos administrativos del Estado a nivel municipal.
Otra cosa: tanta violencia verbal y mediática, que tiene una carga política, debe terminar. Y es que, anhelando volver a los puestos de poder, la oposición no ha escatimado en alentar una catarata de injurias y diatribas que ha pasado de la animadversión a la agresión e incluso al crimen. Y eso debe terminar.
