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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
La sustracción de cable deja sin telefonía, internet o electricidad a vecinos de Naucalpan, pero el gobierno de Isaac Montoya carece de un diagnóstico público sobre la dimensión del delito, las colonias con mayor incidencia y el volumen promedio sustraído. La base municipal más reciente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con cierre de 2025, no identifica esta conducta como modalidad independiente. Las denuncias quedan incorporadas en “otros robos”, clasificación que impide separar los casos relacionados con infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones. Tampoco ofrece metros, kilogramos, valor o ubicación por comunidad.
La limitación contrasta con el discurso del alcalde, quien en julio de 2026 informó una disminución de 16.28 por ciento en delitos de alto impacto durante los primeros cinco meses del año. Esa comparación no permite afirmar que la sustracción de cable bajó, pues el ilícito no aparece desagregado en las cifras utilizadas por el ayuntamiento.
Los reportes disponibles muestran hechos dispersos. Vecinos de Alce Blanco denunciaron el corte de líneas de cobre de Telmex a plena luz del día, con daños estimados en más de 100 mil pesos y afectaciones para decenas de usuarios. Antecedentes periodísticos también documentaron la captura de cinco personas sorprendidas dentro de un registro telefónico; sin embargo, no existe información actualizada sobre reincidencia o corredores prioritarios.
Por esa carencia, no es posible determinar dónde se comete con mayor frecuencia ni calcular una cantidad promedio por caso. Un total municipal mezclaría cable telefónico, fibra óptica, instalaciones eléctricas y otros bienes registrados en carpetas distintas. El problema también evidencia la falta de coordinación pública con las empresas prestadoras de servicios.
La administración no ha presentado un registro conjunto de denuncias, reparaciones, pérdidas económicas, usuarios perjudicados o personas detenidas durante el actual periodo de gobierno. El vacío estadístico limita la política preventiva. Sin investigaciones separadas, georreferenciación y supervisión de establecimientos dedicados al reciclaje, Montoya puede presumir reducciones generales, pero no demostrar avances frente a una práctica que daña servicios esenciales y obliga a los habitantes a esperar reparaciones.
