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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
Ciudad de México.- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) aseguró que es falso que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) haya determinado un desvío de 71.5 millones de pesos para la construcción de Plataforma de Digitalización de Registros Sanitarios (DIGIPRiS) mediante contratos con el Instituto Politécnico Nacional (IPN) como muchos medios publicaron.
Mediante una tarjeta informativa, el organismo señaló que la cifra difundida resulta de sumar el monto total de dos contratos celebrados con el IPN. Las observaciones formuladas por la ASF fueron atendidas y subsanadas, y en ningún momento la Auditoría determinó un daño al erario por 71.5 millones de pesos ni acreditó el desvío de dicha cantidad.
La instancia gubernamental recalcó que la DIGIPRiS es una plataforma tecnológica funcional, desarrollada para digitalizar y agilizar trámites y servicios de regulación sanitaria. Su implementación fue presentada públicamente desde 2022 y sus distintos módulos fueron puestos en operación de manera progresiva.
“Cualquier acusación de supuesto “desvío” es falsa, y la utilización de la plataforma DIGIPRiS es públicamente comprobable. En julio de 2023 ya se habían autorizado 150 mil trámites en línea y, para septiembre de 2024, COFEPRIS reportaba más de medio millón de trámites gestionados mediante DIGIPRiS. Estos datos acreditan que no se trata de un servicio inexistente o simulado, sino de una herramienta tecnológica que ha sido desarrollada, puesta en operación y utilizada para la gestión de trámites de regulación sanitaria”, reiteró.
La COFEPRIS afirmó que contrató al IPN en estricto apego al marco legal, pues fue la institución responsable de ejecutar los servicios contratados y las obligaciones derivadas de ella corresponden al propio Instituto federal.
Subrayó que equiparar las observaciones de la ASF con un esquema de “Estafa Maestra” resulta engañoso. En este caso existe un producto tecnológico verificable, que fue desarrollado para COFEPRIS, puesto en operación y utilizado para realizar trámites de regulación sanitaria.
Expuso que la fiscalización y la formulación de observaciones forman parte de los mecanismos ordinarios de rendición de cuentas de las instituciones públicas. La existencia de una observación o recomendación no supone un daño al erario o un desvío de recursos, sino que permite identificar áreas de mejora y fortalecer los procesos institucionales.
