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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
Ciudad de México.– La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, indicó que no se descarta que los órganos internos del partido inicien un proceso en contra del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, luego de que decidiera retomar su cargo mientras enfrenta investigaciones penales por las acusaciones sobre vínculos con grupos de la delincuencia organizada.
La exfuncionaria federal aseveró que esa es una decisión que tiene que tomar la Comisión de Honestidad y Justicia del partido debido a que hay una actuación unilateral que el mandatario con licencia indefinida realizó.
“Entiendo la necesidad de informar rápidamente, pero veo varias notas haciendo interpretaciones distintas de mis declaraciones. Repito: cualquier militante de Morena puede ser sujeto a un procedimiento ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia cuando existan elementos para ello.
Esto aplica para todas y todos, sin excepciones ni juicios anticipados. Investigar no significa prejuzgar ni declarar culpable a nadie. Precisamente para eso existen procedimientos, reglas y garantías”, expuso.
Dijo que desde el partido oficialista se han manifestado en que no estaban de acuerdo que retomara funciones porque se le está investigando por varios delitos que se le imputan.
Es preciso recordar que Rocha Moya retomó su cargo como gobernador de Sinaloa mientras enfrenta indagatorias de índole penal tras los señalamientos de autoridades de Estados Unidos donde lo relacionan con el Cartel de Sinaloa.
Reiteró que no importa de quien se trate, que en el instituto político se tomarán las medidas que correspondan de acuerdo al caso. “Lo que dije es que en Morena nadie está por encima de nuestros principios ni de nuestros Estatutos”, asentó.
Las acusaciones en contra de Rocha Moya provienen de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés), las cuales lo señalan formalmente de delitos relacionados con el narcotráfico y la delincuencia organizada, entre ello, protección al Cártel de Sinaloa, se le acusa, junto con otros funcionarios, de poner las instituciones del estado al servicio de la facción de Los Chapitos.
