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Por Salvador Guerrero Chiprés
Los avances en seguridad en la Ciudad de México son alimentados por la apertura a la evaluación institucional y al escrutinio técnico constante, aunque la percepción ciudadana negativa aún es ligeramente mayoritaria.
La reducción del 63% en delitos de alto impacto en siete años en general, junto con la coordinación en las reuniones matutinas del Gabinete de Seguridad, ha contribuido a una disminución en 15 de las 16 alcaldías, promoviendo la integración de los gobiernos locales en la construcción de seguridad.
De esa dinámica forma parte la evaluación de sectores policiales encabezada por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, y de la cual participamos las instituciones encargadas de la seguridad y justicia, así como la o el alcalde correspondiente.
Al aceptar la disposición de someterse a evaluaciones bajo indicadores de desempeño específicos, las y los mandatarios locales asumen la seguridad como responsabilidad compartida, independiente de agendas políticas particulares.
Este esquema busca que cada demarcación aporte datos específicos para eliminar los llamados puntos ciegos delincuenciales. Un ejemplo reciente de esta interacción institucional ocurrió con la participación de la alcaldía Benito Juárez y su titular, Luis Mendoza.
Al incorporarse a la fiscalización de sus cuadrantes y alinear capacidades de policía de proximidad con el mando único, se busca proteger una de las zonas con mayor dinamismo económico de la ciudad. Los datos para esta demarcación defienden la utilidad del modelo: disminución del 17% en delitos de alto impacto en el último año, que incluye una baja del 44% en homicidio doloso y del 83% en lesiones dolosas por disparo de arma de fuego.
El reto persiste: traducir estas disminuciones porcentuales en percepción generalizada de seguridad en la vida cotidiana de las y los capitalinos.
