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Juan R. Hernández
GRUPO CANTÓN
Ciudad de México.– Con 84 mil mdp invertidos de 2019 a 2024, más de 100 mil escuelas beneficiadas, cobertura de 98% en localidades de alta marginación y 99% en planteles indígenas, diputados de Morena respondieron con dureza al bloque de ediles encabezado por Mauricio Tabe, que busca desaparecer La Escuela es Nuestra y sustituirla por un fondo administrado por gobiernos municipales.
La ofensiva fue presentada por Tabe, edil de Miguel Hidalgo y presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), ante la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán. Se sumaron, entre otros, los ediles Alessandra Rojo de la Vega, de Cuauhtémoc, y Carlos Orvañanos, de Cuajimalpa.
Bajo el nombre “Tu Escuela Primero”, se propone crear el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Educativa (FAIE) y destinar al menos 1.5 mdp anuales por cada escuela pública para mantenimiento y obras menores.
Para lograrlo, pretenden modificar los artículos 3, 73, 115 y 122 de la Constitución, así como el 25 y 53 de la Ley de Coordinación Fiscal, trasladando a municipios y alcaldías mayores responsabilidades sobre infraestructura educativa.
*Morena protesta*
En entrevista para Diario Basta!, la diputada local Brenda Ruiz defendió La Escuela es Nuestra y calificó la iniciativa como muestra de “ignorancia” sobre el funcionamiento de los planteles públicos. Señaló que, con el esquema actual, se llevaron recursos a comunidades rurales, indígenas, afromexicanas y zonas históricamente olvidadas.
Ruiz destacó que madres, padres, docentes y autoridades integran comités que deciden dónde invertir conforme a las necesidades reales de cada escuela, en lugar de entregarle esas decisiones a funcionarios desde “un escritorio”.
El vocero de Morena en el Congreso capitalino, Paulo Emilio García, fue más allá: acusó al PAN de pretender desmontar programas sociales y de poner bajo sospecha a las familias que administran los recursos.
Además, cuestionó que el dinero pase a manos de alcaldías y municipios, pues advirtió que con ello podrían regresar esquemas donde gobiernos locales decidan qué empresas reciben los contratos de mantenimiento.
