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Por Miguel García Conejo
@kurt2767
La cancelación de visas a políticos mexicanos obliga a cuestionar el significado que hemos concedido a ese documento. Estados Unidos tiene derecho a decidir quién ingresa a su territorio, pero México también debe preguntarse por qué una determinación administrativa extranjera adquiere aquí dimensiones de sentencia política.
Washington ha retirado visas funcionarios y políticos mexicanos dentro de su estrategia de seguridad; sin embargo, en casos específicos no necesariamente hace públicas las razones, pues su legislación considera confidenciales esos expedientes.
Ahí comienza el problema: cancelar una visa sin presentar públicamente una acusación puede alimentar sospechas y convertirse, deliberadamente o no, en una poderosa herramienta de golpeteo mediático.
Si existen pruebas de delitos, deben presentarse ante las autoridades competentes. Una decisión consular no sustituye un proceso judicial.
Pero existe otra pregunta incómoda: ¿por qué seguimos considerando la visa estadounidense una especie de reconocimiento social? Ante políticas migratorias cada vez más duras y expresiones de xenofobia que golpean particularmente a comunidades latinoamericanas, México debería revisar esa fascinación histórica.
Estados Unidos no debe idealizarse como modelo incuestionable. Es una nación profundamente diversa y contradictoria, donde existen millones de personas que miran al supremacismo como su semilla, y otros que defienden a los migrantes porque saben que ahí radica su grandeza.
La decisión de fondo es nuestra. Viajar debe ser una elección, no una aspiración de pertenencia. Y perder una visa tampoco puede convertirse en certificado de culpabilidad.
México necesita dejar de medir prestigios, inocencias y éxitos con el sello de aprobación de Washington.
