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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
Ciudad de México.- De acuerdo con el reporte “Evaluación del sistema de justicia penal, propuestas de mejora”, elaborado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), instancia dependiente de la Fiscalía General de la República (FGR), en las agencias del Ministerio Público persiste el rezago, falta de preparación y la presentación de sospechosos ante los jueces los cuales carecen de sustento.
Además, se detalla que en las fiscalías estatales la operación se encuentra rebasadas, además que los agentes ministeriales se encuentran mal preparados.
El trabajo documental cuenta con los testimonios de agentes del ministerio público, peritos, analistas, así como a defensores públicos, en los cuales se recabó que persisten rezagos administrativos, ineficiente coordinación entre las fiscalías y una evidente falta de preparación de ministerios públicos.
El texto precisa que la reforma al sistema de justicia penal sigue sin consolidarse a más de una década de se implementó en todo el país.
Cabe recordar que la gran reforma al sistema de justicia penal se publicó el 18 de junio de 2008. Esta modificó la Constitución para pasar de un sistema mixto e inquisitorio a un Sistema Penal Acusatorio y Oral, el cual quedó completamente implementado en todo el país en junio de 2016.
Se expone que en el caso de México, el análisis técnico del sistema de justicia penal muestra que la falta de recursos, capacidades de investigación y alta carga de trabajo en fiscalías y juzgados limita la calidad y profundidad de las investigaciones criminales, lo que se traduce en tasas bajas de casos que llegan a juicio y deficiencias en la construcción probatoria que perpetúan la impunidad, reforzando un ciclo de baja probabilidad de sanción, según reveló México Evalúa en 2024.
El principal desafío del sistema de justicia penal mexicano para el periodo 2025–2027, refiere el estudio, no reside únicamente en la contención del delito, sino también en la capacidad institucional de transformar detenciones en sentencias sustentadas en evidencia técnicamente sólida y jurídicamente válida. La persistencia de la impunidad responde menos a la falta de fuerza estatal que a déficits estructurales en la investigación, el peritaje y la valoración judicial de la prueba.
