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Juan R. Hernández
Ciudad de México.- La Ciudad de México se ubica entre las tres entidades con mayor incidencia de trata infantil y adolescente con fines de explotación sexual, junto con Baja California y Estado de México, concentrando 3 de cada 5 víctimas del país.
Entre enero y junio de 2026 se documentaron casos en Iztapalapa y Cuauhtémoc; a nivel nacional, 9 de cada 10 víctimas eran mujeres y 7 de cada 10 tenían entre 13 y 17 años.
Ese panorama, combinado con desapariciones y reclutamiento forzado, refleja la complejidad del fenómeno, advirtió Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia. En entrevista con Diario Basta, explicó que el término “robo de niños” no existe en estadísticas oficiales, por lo que debe analizarse a partir de delitos como desaparición, trata y reclutamiento, todos estrechamente vinculados.
Pérez recordó que desde la creación del tipo penal en 2012 se han acumulado más de 4 mil investigaciones por trata, pero menos de 200 sentencias, evidencia de la dificultad para judicializar estos casos. Señaló que en la capital las adolescentes desaparecidas enfrentan mayor riesgo de explotación sexual, mientras que los varones son más vulnerables al reclutamiento por grupos criminales.
Respecto a Iztapalapa y Cuauhtémoc, afirmó que son nodos relevantes por la presencia histórica de organizaciones como La Unión Tepito, la Anti Unión y el grupo de Tláhuac, que operan mediante economías ilícitas: extorsión, trata y lavado de dinero.
Durante los primeros años del gobierno de Claudia Sheinbaum se registró un incremento en denuncias de desaparición, en un contexto marcado por disputas criminales por control territorial y reclutamiento de adolescentes. Aunque la CDMX cuenta con mayor presencia institucional y cuerpos de seguridad, Pérez advirtió que ello no significa ausencia de delincuencia organizada, sino una operación más sofisticada y de bajo perfil.
Finalmente, llamó a fortalecer la cooperación internacional. Recordó que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU pidió atención especial al caso México, para desarticular redes de macrocriminalidad y garantizar la búsqueda efectiva de personas desaparecidas.
