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Exhiben sobornos fracaso gubernamental estructural

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JUAN R. HERNÁNDEZ
GRUPO CANTÓN

Ciudad de México.- Las mujeres tienen 57% menos probabilidad de reportar el pago de sobornos que los hombres, de acuerdo con un análisis de siete levantamientos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) entre 2011 y 2023.

Sin embargo, la investigación de la IBERO también concluye que una mayor presencia femenina en los gobiernos municipales no ha reducido de manera significativa la corrupción, exhibiendo que el problema sigue arraigado en el funcionamiento de las instituciones públicas.

El estudio Who Pays Bribes? Gender, Education, and Petty Corruption in Mexico, 2011–2023, elaborado por las doctoras Alejandra Villegas y Heidi J. Smith, del Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana, desmonta la idea de que la sola incorporación de más mujeres al servicio público sea suficiente para combatir las prácticas ilegales.

Las investigadoras sostienen que las mujeres reportan menos sobornos no por una supuesta diferencia moral, sino porque mantienen una relación distinta con la burocracia y realizan trámites diferentes a los de los hombres.

 

El origen del problema, afirman, no está en el género de quien ocupa un cargo público, sino en un aparato administrativo que continúa generando espacios para la discrecionalidad y los llamados “pagos informales”.

Trámites como obtener una licencia, registrar un vehículo, gestionar permisos, atender inspecciones o acceder a servicios públicos siguen representando escenarios donde persisten solicitudes de dinero fuera de la ley, pese a los reiterados discursos oficiales sobre transparencia y combate a la corrupción.

Otro hallazgo relevante es que las personas con educación universitaria reportan una mayor incidencia de sobornos. Las autoras explican que ello no implica que la escolaridad fomente la corrupción, sino que este sector realiza más trámites, posee más bienes sujetos a registros oficiales y tiene mayor capacidad para identificar cuándo un pago constituye un acto ilegal.

La investigación lanza además un mensaje directo a los tres niveles de gobierno: los avances en paridad de género y representación política, aunque relevantes, no han logrado traducirse en una reducción de la corrupción cotidiana.

Para las especiablistas, el verdadero cambio dependerá de fortalecer los mecanismos de vigilancia, reducir la discrecionalidad de los funcionarios y eliminar los incentivos que permiten convertir un trámite público en una negociación ilegal.

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