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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
Ciudad de México.- Durante 2023 se cometieron aproximadamente 6.1 millones de robos o asaltos en la calle o transporte público, lo que representa una tasa de 6 mil 526 robos por cada 100 mil habitantes, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2024. En el 57% de los casos los bienes sustraídos fueron teléfonos celulares y en 63.5% dinero en efectivo, tarjetas bancarias o cheques.
Ante estas cifras, la diputada Ivonne Ortega de MC, impulsa una iniciativa para que las casas de empeño constaten que la persona que entregue un bien en prenda sea propietaria, legítima poseedora o cuente con el derecho a disponer del mismo.
La propuesta de reforma al artículo 65 Bis 5 de la Ley Federal de Protección al Consumidor establece que los establecimientos deberán recabar y conservar documentación suficiente, como facturas, comprobantes de compra, contratos o constancias de adjudicación.
En caso de no contar con dichos documentos, el pignorante deberá suscribir una declaración bajo protesta de decir verdad, sin perjuicio de responsabilidades civiles y penales.
Ortega Pacheco señaló que actualmente la ley no contempla esta obligación, lo que dificulta la trazabilidad de los bienes y puede propiciar la incorporación de objetos provenientes de delitos patrimoniales al mercado formal.
La legisladora aclaró que las casas de empeño no tienen funciones de investigación ni persecución, pero sí pueden desempeñar un papel preventivo mediante medidas mínimas de verificación que otorguen certeza sobre la procedencia de los bienes. La iniciativa fue enviada a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad para su análisis.
