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Juan R. Hernández
Ciudad de México.- Con inversión de más de 17 mil millones, 40 km de rutas, 235 postes y casi 30 estaciones, el Gobierno capitalino presume el mayor proyecto de expansión del Cablebús, con avance del 20% y meta de 40% en 2026. Sin embargo, tras las cifras oficiales crece un conflicto que Clara Brugada no ha disipado: inconformidades de vecinos, comuneros y pueblos originarios que denuncian falta de información, riesgos ambientales y decisiones sin consenso.
Durante la presentación de los avances de las líneas 4, 5 y 6, los cuestionamientos de la prensa se centraron precisamente en las protestas registradas en Milpa Alta, Tlalpan, Magdalena Contreras y Álvaro Obregón, donde habitantes advierten posibles afectaciones por la instalación de torres, la estabilidad del suelo, el paso sobre unidades habitacionales y la ausencia, según denuncian, de estudios ambientales en algunos puntos.
Lejos de ofrecer fechas claras para resolver cada inconformidad, la jefa de Gobierno sostuvo que el proceso dependerá de las consultas con las comunidades. “No hay ningún interés en estar imponiendo a la población”, aseguró Clara Brugada, al reconocer que existen comuneros y autoridades tradicionales que mantienen su rechazo al proyecto.
La mandataria insistió en que será la propia población la que decida y que el gobierno respetará el resultado de las consultas, aunque evitó precisar cuánto podrían retrasar las obras o cómo se resolverán los conflictos abiertos.
La respuesta dejó abiertas más preguntas que certezas. En Milpa Alta, las consultas anteriores se prolongaron durante varios meses y estuvieron acompañadas de protestas, mientras que en Fuentes Brotantes vecinos incluso acudieron al Congreso capitalino para denunciar presuntas afectaciones en áreas comunes e inestabilidad de laderas. En Álvaro Obregón y Magdalena Contreras, habitantes alertan sobre zonas minadas y terrenos con riesgo geológico.
Por su parte, el secretario de Gobierno, César Cravioto, reconoció que las autoridades han recibido a grupos vecinales inconformes y afirmó que continuarán dialogando con ellos.
“Hemos estado recibiendo vecinos de todas estas colonias… hemos tratado de que las dudas queden resueltas”, declaró. Incluso hizo un nuevo llamado para que quienes tengan inquietudes acudan a reuniones o soliciten recorridos en campo. Sobre las denuncias de Fuentes Brotantes, sostuvo que técnicamente “no vamos a invadir su espacio vital”, aunque admitió que será necesario seguir explicando el proyecto a los habitantes.
Mientras el gobierno destaca que las nuevas líneas beneficiarán diariamente a más de 200 mil personas, llegarán a 150 colonias y pueblos originarios y reducirán significativamente los tiempos de traslado, el conflicto social permanece sin resolverse.
