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Por Juan R. Hernández
Por años se habló de 25 mil carpetas de investigación por despojo en la Ciudad de México, cifra instalada en el discurso oficial y en el debate político. Sin embargo, la investigación de Diario BASTA! documentó más de 34 mil expedientes abiertos entre 2016 y 2026, cambiando por completo la dimensión del problema.
La realidad confirma que esa cifra podría quedarse corta: miles de víctimas jamás denunciaron por miedo a represalias, por trabas burocráticas o por la desconfianza en un sistema de justicia que avanza con desesperante lentitud. Las estadísticas exhiben no sólo la magnitud del delito, sino también el fracaso institucional. De decenas de miles de expedientes acumulados, apenas unos cientos han encontrado solución.
El problema no se limita a invasores de inmuebles. Especialistas advierten sobre una red más compleja, donde confluyen funcionarios enquistados en ministerios públicos, operadores judiciales y notarías de otras entidades cuyos instrumentos han sido usados para legitimar despojos. Mientras esa estructura permanezca intacta, cualquier reforma será apenas un paliativo.
El tema también se convirtió en bandera política. Morena respondió al PAN recordando que su vocero patrimonial, Federico Chávez Semerena, llegó como suplente de Christian Von Roehrich, hoy procesado por el Cártel Inmobiliario. Paulo García cuestionó la autoridad moral del panismo y pidió investigar posibles vínculos entre redes de despojo y corrupción inmobiliaria.
Las responsabilidades deberán acreditarse en tribunales, no en conferencias de prensa. Pero una verdad es innegable: 34 mil carpetas de investigación representan miles de familias que perdieron su patrimonio mientras el Estado fue incapaz de protegerlas. La próxima reforma deberá ir más allá del discurso y romper, de una vez por todas, las cadenas de impunidad que han convertido el despojo en uno de los negocios criminales más rentables de la capital.
