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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
La destrucción total del restaurante-bar La Patrona, registrada la mañana del sábado en el municipio de San Juan Teotihuacán, abrió una nueva investigación sobre las causas del incendio que consumió el inmueble y, al mismo tiempo, reactivó las críticas de habitantes y comerciantes por las condiciones de seguridad que prevalecen en la demarcación.
Aunque hasta el momento no existe un dictamen oficial que establezca el origen del fuego, vecinos consideran que el hecho refleja un contexto de violencia e incertidumbre que, aseguran, se ha agravado durante los últimos meses.
El siniestro comenzó alrededor de las 9:00 horas. En pocos minutos las llamas envolvieron la estructura del establecimiento, mientras una columna de humo negro fue visible desde distintos puntos del valle de Teotihuacán e incluso por turistas que realizaban vuelos en globo aerostático sobre la zona arqueológica.
Sin embargo, el episodio ha generado preocupación entre propietarios de negocios de la zona, quienes desde hace varios meses han denunciado públicamente la presencia de grupos dedicados a exigir pagos ilegales a establecimientos comerciales. Comerciantes de distintos barrios sostienen que las amenazas y el denominado cobro de derecho de piso continúan afectando la actividad económica, situación que, afirman, ha sido expuesta en diferentes ocasiones sin que se perciban resultados contundentes.
Las denuncias ciudadanas también han señalado que algunos propietarios prefieren guardar silencio por temor a represalias, mientras otros aseguran haber solicitado mayor vigilancia y operativos permanentes para reducir la incidencia delictiva. En ese contexto, el incendio del establecimiento alimentó la preocupación social y volvió a colocar sobre la mesa el debate sobre las condiciones de seguridad en el municipio.
Diversos habitantes consultados coincidieron en que, independientemente del resultado de las investigaciones, el caso evidencia la necesidad de fortalecer las acciones preventivas y mejorar la capacidad de respuesta institucional. También cuestionaron que los problemas relacionados con la extorsión permanezcan como una constante en diversas colonias y comunidades, donde comerciantes aseguran enfrentar un ambiente de incertidumbre para desarrollar sus actividades.
Las críticas también alcanzan a la administración municipal encabezada por Mario Paredes de la Torre, debido a que vecinos consideran insuficientes las estrategias implementadas para atender las denuncias relacionadas con la delincuencia. A juicio de los habitantes, la percepción de inseguridad continúa creciendo mientras los casos reportados mantienen preocupación entre quienes dependen de pequeños y medianos negocios para sostener a sus familias.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México será la instancia encargada de analizar los restos del inmueble para determinar el origen del incendio. Los resultados de esos estudios serán determinantes para conocer si existió alguna conducta delictiva o si el siniestro obedeció a otra circunstancia. Hasta entonces, cualquier vínculo entre el incendio y los señalamientos sobre extorsión permanece sin acreditarse.
Mientras avanzan las diligencias, comerciantes insisten en que el caso debe servir para revisar las condiciones de seguridad que enfrenta el municipio.
Consideran que el incendio, independientemente de su causa, vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad de los negocios locales y la necesidad de fortalecer la prevención del delito, así como recuperar la confianza ciudadana mediante acciones concretas que respondan a las denuncias presentadas desde hace meses.
