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Por Eduardo López Betancourt
Como cada año, se repiten las decepciones, la angustia y la desesperación; y, lo que es peor, los desequilibrios personales y familiares que esto conlleva. Un alumno concluye la secundaria con gran júbilo, pero esos estudios de nada le sirven: debe someterse a un examen de admisión perverso y mal elaborado. Esta prueba está diseñada no solo por ineptos, sino por personas malintencionadas que, en el mejor de los casos, carecen de objetividad. Es evidente que confunden a los adolescentes y jóvenes. El artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es letra muerta y solo sirve para sostener la falacia de que la educación es gratuita y universal.
El adolescente se presenta a la evaluación en condiciones adversas e innecesarias. Existen escuelas dirigidas por particulares familiarizados con las pruebas de ingreso, y son ellas las que supuestamente preparan a los aspirantes, aunque en realidad les filtran el contenido del famoso examen. Las trampas y artimañas son la constante, circunstancias que las autoridades niegan, incumpliendo así el mandato constitucional.
Todo estudiante que concluye la secundaria o, en su caso, el bachillerato, tiene derecho a continuar sus estudios, y el Estado debe garantizarle instituciones educativas con el mismo nivel de calidad. Aquí surge el problema: a quienes no logran ingresar, por ejemplo, a la UNAM o al Politécnico, se les ofrecen alternativas en planteles de bajo nivel académico. Resulta inadmisible que, dentro de la educación pública, existan diferencias tan marcadas: unas escuelas son buenas, otras apenas regulares y las restantes, de plano, pésimas.
Los exámenes de admisión deben desaparecer, pues constituyen el acto más oprobioso al que se somete a una persona. Si el aspirante desea cursar en una preparatoria de la UNAM o en una vocacional del Politécnico, será indispensable crear más instituciones con ese mismo nivel educativo y, de una vez por todas, cumplir el mandato constitucional.
