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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
Ciudad de México.- El asesinato de Martina Amates González, administradora del Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa, al norte del estado de Guerrero, de su hija Ivana Esperanza Gama Amates y de Eliseo Muñoz Reyes, integrante de la Unión de Pobladores y prestador de servicios turísticos del parque, encendió las alertas sobre la violencia que enfrentan quienes protegen las Áreas Naturales Protegidas del país.
De acuerdo con la denuncia de la activista Lucía Hernández las tres víctimas fueron torturadas y posteriormente asesinadas, un crimen que, en un contexto de más de 132 mil personas desaparecidas en México, representa también un mensaje de intimidación para quienes trabajan en la conservación del territorio.
La acusación sostiene que el crimen organizado ha extendido su presencia en diversas Áreas Naturales Protegidas, donde disputa el control de actividades como la tala ilegal, la caza furtiva, la operación de laboratorios clandestinos, la extorsión y el aprovechamiento de recursos naturales. En ese escenario, trabajadores y habitantes enfrentan un dilema: colaborar, guardar silencio o convertirse en víctimas.
Los denunciantes cuestionan la falta de una reacción pública de la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, quien hasta el momento señalado no había emitido un posicionamiento sobre el triple homicidio ocurrido en uno de los parques nacionales más importantes del país.
También señalan que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) únicamente difundió una esquela para condenar los hechos y expresar condolencias, sin anunciar acciones concretas para exigir justicia o reforzar la seguridad del personal que labora en estas zonas.
La crítica apunta a que, más allá de los mensajes de pésame, no se informó sobre reuniones con el Gabinete de Seguridad, la Guardia Nacional o las Fuerzas Armadas para diseñar una estrategia que garantice la protección de quienes diariamente resguardan el patrimonio ambiental del país.
