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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
El sistema penitenciario del Estado de México atraviesa una de las etapas de mayor presión de los últimos años debido a la sobrepoblación que registran sus centros de reclusión.
La cantidad de personas privadas de la libertad supera ampliamente la capacidad instalada, lo que ha colocado a diversos penales en condiciones de operación críticas y ha reavivado el debate sobre la necesidad de fortalecer la infraestructura y revisar las políticas de despresurización carcelaria.
Información del Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Estatales y Federales 2026 señala que los 23 Centros Penitenciarios y de Reinserción Social de la entidad cuentan con espacio para 15 mil 897 personas; sin embargo, albergan a 37 mil 661 internos. Este escenario representa una ocupación superior al límite para el que fueron diseñados y convierte al Estado de México en la entidad con la mayor población penitenciaria del país.
La situación es más severa en reclusorios ubicados en municipios como Chalco, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Zumpango, Tlalnepantla, Jilotepec y El Oro, donde la cantidad de internos rebasa considerablemente la capacidad disponible.
En algunos casos, los niveles de ocupación alcanzan porcentajes que complican la operación diaria, el alojamiento de la población penitenciaria y la prestación de servicios básicos.
Especialistas en seguridad y justicia consideran que la saturación no puede resolverse únicamente con medidas administrativas. Señalan que es necesario ampliar la infraestructura penitenciaria, construir nuevos espacios donde la demanda lo justifique y fortalecer los mecanismos legales previstos para reducir la población interna de manera ordenada y conforme a derecho, privilegiando los casos que la legislación contempla para acceder a beneficios penitenciarios.
Organismos nacionales e internacionales defensores de derechos humanos han advertido que el hacinamiento incrementa el riesgo de conflictos al interior de los penales, favorece condiciones de autogobierno, dificulta la supervisión de las autoridades y limita el acceso oportuno a servicios médicos, atención psicológica, actividades educativas, capacitación para el trabajo y programas de reinserción social.
Además, la infraestructura existente enfrenta un desgaste constante derivado de una ocupación muy superior a la planeada originalmente.
Habitantes consideran que cualquier estrategia para atender la crisis debe contemplar acciones que beneficien tanto a los centros penitenciarios como a las colonias ubicadas en su entorno.
