78 lecturas
Por Eduardo López Betancourt
Dos mandatarias de entidades fronterizas se han visto envueltas en polémicos conflictos y, más aún, han sido objeto de cuestionamientos por su gestión.
La de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, llegó a la gubernatura postulada por el Partido Acción Nacional (PAN), por lo que no goza de buena imagen ante el partido hegemónico, MORENA. Recientemente ocurrió el deceso de un agente estadounidense de la DEA quien, acompañado de funcionarios estatales, estuvo presente en la destrucción de un laboratorio de drogas. Ese suceso fue utilizado para acusarla de permitir la injerencia de autoridades extranjeras. Se le señaló como traidora a la patria y se mantuvo la intención oficial de procesarla por tan grave ilícito.
Hace poco, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, sufrió la revocación de su visa por parte del gobierno Estados Unidos de América, documento que le permitía ingresar al País vecino. En su intento por lograr la restitución de dicha autorización, se afirma que se reunió con agentes del “Tío Sam” y se le atribuye haberse comprometido a entregar informes sobre temas de seguridad en México. Al igual que su homóloga chihuahuense, también fue señalada por el posible delito de traición a la patria. Ella, de extracción morenista, ha recibido esa grave acusación por parte de los partidos de oposición, aunque en su caso ha contado con el respaldo absoluto de su instituto político, situación que evidentemente genera críticas, pues se cuestiona que las instancias oficiales no actúan con imparcialidad, ni en el caso de Chihuahua ni en el de Baja California.
El órgano encargado de analizar y deslindar responsabilidades por la conducta de ambas titulares del Ejecutivo local es la Fiscalía General de la República, instancia que no ha precisado si, por elemental equidad, se han iniciado carpetas de investigación. Dichas indagatorias, desde luego, no implican culpabilidad alguna, pero la ciudadanía tiene derecho a que las pesquisas se realicen con responsabilidad y rigor. Tengamos presente que la ley debe ser igual para todos y jamás debe ajustarse en función de beneficios personales o de grupo. Esperemos que la Fiscalía cumpla con su cometido.
