Visitas
Ana E. Rosete
Ciudad de México.- A pesar de que la multa para recuperar un vehículo asegurado puede alcanzar entre 70 y 75 mil pesos, conductores de plataformas como Uber y Didi continúan ingresando al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para recoger pasajeros, impulsados por la necesidad de obtener mayores ingresos.
Los operadores consultados aseguran que trabajar en las inmediaciones de las terminales representa un riesgo permanente, ya que los operativos para detectar vehículos de aplicación son constantes y terminan con el remolque de las unidades.
Sin embargo, los choferes sostienen que detrás de estos aseguramientos existe una presunta red de corrupción al interior del aeropuerto. Afirman que una empresa de grúas opera de manera permanente dentro del inmueble y mantiene sus unidades ocultas hasta que reciben la instrucción de intervenir.
De acuerdo con los testimonios, una vez que un vehículo es detectado recogiendo pasajeros, las grúas aparecen de inmediato para remolcarlo, lo que obliga a los conductores a enfrentar costos que oscilan entre los 70 y 75 mil pesos para recuperar su automóvil, además de las pérdidas derivadas de permanecer varios días sin trabajar.
Los operadores consideran que el esquema favorece intereses particulares, pues aseguran que las sanciones son desproporcionadas y los operativos se realizan con rapidez inusual, mientras las grúas permanecen resguardadas dentro de las instalaciones aeroportuarias.
Pese a ello, decenas de conductores siguen aceptando viajes con origen en el AICM debido a la alta demanda de usuarios y a que representan servicios mejor pagados que los realizados en otros puntos de la capital.
Los choferes hicieron un llamado a las autoridades federales para investigar la actuación del personal involucrado en los operativos y transparentar la operación de las empresas de arrastre que prestan servicio dentro del aeropuerto, al considerar que el actual esquema castiga a los trabajadores de plataformas digitales mientras persisten señalamientos de posibles actos de corrupción.
