Visitas
REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
En el municipio de Chalco la indignación crece entre vecinos de la colonia Paseos luego de que un menor de cinco años resultara con una fractura expuesta en la pierna izquierda tras ser impactado por una patrulla de la Policía de Género.
Más allá del accidente, la comunidad centra ahora sus reclamos en la actuación de las autoridades municipales y en la ausencia de una postura pública del gobierno encabezado por la presidenta municipal, Abigail Sánchez Martínez.
De acuerdo con el testimonio de los familiares, el niño circulaba en una motocicleta eléctrica acompañado por su padre cuando una unidad oficial presuntamente invadió la banqueta y lo arrolló. Tras el impacto, vecinos acudieron para auxiliar al menor, quien fue trasladado de emergencia al Hospital General de Zona 197 del IMSS, en Texcoco, donde continúa bajo atención médica especializada.
Los afectados denunciaron que, después del incidente, las oficiales involucradas habrían intentado llegar a un acuerdo económico para evitar que el caso fuera denunciado formalmente. También aseguraron que, minutos después del percance, varias patrullas arribaron al sitio para respaldar a las servidoras públicas, situación que generó inconformidad entre los habitantes, quienes interpretaron el despliegue como un intento de proteger a las responsables antes que atender a la víctima.
La familia afirmó además que encontró obstáculos al acudir ante el Ministerio Público para presentar la denuncia correspondiente, debido a retrasos y presuntas negativas para recibir su declaración. Estas circunstancias incrementaron la desconfianza hacia las instituciones encargadas de procurar justicia y alimentaron el temor de que el caso pudiera quedar sin consecuencias.
Vecinos de Paseos de Chalco exigieron que el Ayuntamiento asuma una posición clara y transparente. Consideran que el gobierno municipal tiene la obligación de informar qué acciones administrativas emprendió contra los elementos involucradas y de colaborar plenamente con las investigaciones para garantizar el acceso a la justicia.
