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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
En Metepec la difusión de ejercicios de encuesta que anticipan un triunfo panista en la alcaldía ha desatado una ola de críticas entre organizaciones civiles y ciudadanos, al considerar que dichas encuestas forman parte de una estrategia orquestada desde el palacio municipal para incidir en el proceso electoral 2027.
A pesar de que las normas electorales prohíben la promoción anticipada de candidaturas, el todavía presidente municipal, Fernando N, vinculado a un proceso judicial por abuso de autoridad, ha permitido que su grupo político difunda resultados de sondeos que colocan a Irai Albarrán como la favorita para sucederlo en el cargo. Esto a través de los medios de comunicación que le son afines.
Los datos, publicados por una empresa encuestadora, reflejan una ventaja de dieciséis puntos sobre sus adversarios, aunque la legalidad y transparencia del ejercicio han sido puestas en duda por observadores políticos.
El contexto en el que emerge esta información no es fortuito.
De acuerdo con fuentes consultadas en el ayuntamiento, la administración actual busca, con estos mecanismos, construir una narrativa de inevitabilidad que desmovilice a las fuerzas opositoras y genere una percepción de triunfo anticipado. Sin embargo, el trasfondo de la operación política revela un interés más profundo: garantizar que el poder económico y burocrático del municipio permanezca bajo el control de una misma familia, estrategia que ha sido denunciada por colectivos ciudadanos como una práctica maquiavélica que vulnera los principios democráticos.
Paralelamente, diversos sectores de la sociedad metepequense han alzado la voz para rechazar esta dinámica política. Comerciantes, académicos y activistas han señalado que el modelo de sucesión familiar que se vislumbra reproduce los vicios del pasado, donde los cargos públicos se heredan o se negocian al interior de grupos de poder sin rendición de cuentas a la ciudadanía.
Las exigencias de un cambio de rumbo se han intensificado en las últimas semanas, con pronunciamientos que demandan procesos internos transparentes y una contienda equitativa donde los aspirantes compitan en igualdad de condiciones, sin el respaldo institucional de un gobierno en funciones.
El caso adquiere relevancia política en un municipio que ha sido escenario de controversias administrativas y señalamientos de corrupción. La permanencia de Fernando N en el cargo, a pesar de su situación jurídica, ha generado un desgaste en la credibilidad del gobierno local, y la tentativa de imponer una sucesión controlada no hace más que profundizar el malestar ciudadano. Las encuestas, lejos de reflejar un apoyo genuino, son interpretadas por analistas como un intento de legitimar una continuidad que muchos rechazan, sobre todo cuando el alcalde enfrenta cargos que cuestionan su desempeño y ética pública.
