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Por Ceci Vadillo
La ultraderecha lleva semanas dejando ver con claridad una de sus aspiraciones más peligrosas: limitar el derecho al voto. Lo que algunos presentan como una simple provocación es, en realidad, una vieja idea que ha acompañado históricamente a quienes creen que solo unos cuantos deben decidir el destino de un país.
En Estados Unidos, durante la convención de Turning Point USA, hubo voces que plantearon retirar a las mujeres el derecho a votar. En México escuchamos un argumento parecido. Una influencer, cercana Salinas Pliego y militante del PAN, propuso condicionar el voto a aprobar un examen de conocimientos. Según ella, los malos gobiernos existen porque la ciudadanía no está preparada para elegir correctamente.
La idea no es novedosa. Durante buena parte de nuestra historia el voto estuvo reservado: primero solo para hombres, después para propietarios y luego para quienes sabían leer y escribir. Las mujeres no votamos en México hasta 1953. Siempre había una explicación aparentemente razonable para excluir al pueblo de las decisiones públicas.
El voto censitario nunca fue una propuesta técnica; fue un mecanismo para conservar privilegios y concentrar el poder.
Citando a la analista Andrea Legarci, el argumento parte de una premisa falsa: que los malos gobiernos existen porque el pueblo es ignorante. La corrupción no nace de la ciudadanía; surge cuando las instituciones permiten abusos, impunidad y concentración del poder.
Y aun aceptando esa lógica, la pregunta sigue sin respuesta: ¿quién diseña el examen?, ¿quién decide?, ¿quién califica? La historia demuestra que, cuando alguien pretende poner condiciones al voto, los excluidos terminan siendo siempre los mismos: las personas con menos recursos, quienes no tuvieron acceso a la universidad, quienes viven lejos de los centros de poder o los que hablan una lengua indígena.
Lo que realmente molesta no es que la gente vote desinformada; lo que molesta es cómo votó. En 2018 y en 2024 millones de mexicanas y mexicanos decidieron transformar el rumbo del país. En lugar de preguntarse por qué perdieron, algunos prefieren cuestionar quién tiene derecho a decidir.
La democracia parte de una convicción irrenunciable: todas las personas tienen la misma dignidad política.
