Visitas
• México registró 696 feminicidios en 2025, 127 menos 2024
• Iniciativa homologa penas nacionales: 50 a 70 años prisión
• Ley contempla agravantes, reparación transformadora y protocolos obligatorios
Juan R. Hernández
Ciudad de México.- El feminicidio sigue siendo una herida abierta en México. De acuerdo con cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2024 se registraron 823 víctimas, mientras que en 2025 fueron 696, es decir, 127 menos, lo que representa una reducción cercana al 15%. Sin embargo, el problema persiste: Sinaloa encabezó la lista con 68 casos, seguido por Estado de México (63), Chihuahua (46), Ciudad de México (43) y Morelos (39).
Ante esta realidad, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció en la Mañanera del Pueblo el envío al Congreso de la Unión de la iniciativa de Ley General para sancionar el feminicidio, una reforma que busca transformar radicalmente la forma en que se investiga, persigue y castiga este delito en todo el país.
La propuesta surge tras la reforma constitucional aprobada el 6 de mayo, que facultó al legislador federal a emitir una ley general en la materia. Hasta ahora, los 32 estados regulaban el feminicidio de manera distinta, lo que generaba clasificaciones incorrectas, pérdida de indicios, subregistro sistemático y ausencia de protocolos homologados.
La nueva ley establece un tipo penal único: feminicidio es privar de la vida a una mujer por razón de género. Se fijan diez razones de género y una pena nacional de 50 a 70 años de prisión. Además, se contemplan 19 agravantes, como cuando la víctima sea niña, periodista, defensora de derechos humanos o migrante, o cuando el delito sea cometido por un servidor público con violencia extrema. La tentativa también será castigada con hasta dos terceras partes de la pena.
La iniciativa incluye sanciones adicionales: pérdida de derechos sucesorios, tutela y patria potestad, así como destitución e inhabilitación de servidores públicos. El delito será imprescriptible y no procederán amnistías, conmutaciones ni libertades condicionadas.
En la presentación participaron Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia; Ingrid Gómez, subsecretaria de Derechos para una Vida Libre de Violencia; y Maribel Bojórquez, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres. Bojórquez subrayó que la iniciativa obliga a investigar con debida diligencia reforzada, mediante protocolos especializados y personal capacitado en perspectiva de género y derechos humanos.
La ley también reconoce derechos de las víctimas y sobrevivientes: atención médica y psicológica de urgencia, asistencia jurídica gratuita, apoyo integral para menores en orfandad, restitución digna del cuerpo y servicios de traducción para comunidades indígenas. Se creará el Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio, además de planes de protección para sobrevivientes de tentativa.
Con esta iniciativa, el gobierno federal busca cerrar la puerta a la impunidad y convertir la lucha contra el feminicidio en una responsabilidad institucional obligatoria, articulada a través del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia, presidido por la propia mandataria.
