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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
La captura de Marco Antonio Gómez Vargas, alias “El Kino”, realizada por fuerzas federales en Chiapas, colocó nuevamente a Chicoloapan en el centro de la atención pública al tratarse del hermano de la expresidenta municipal Nancy Gómez Vargas.
La aprehensión fue resultado de un operativo de inteligencia que permitió ubicar al presunto integrante de La Familia Michoacana, quien era buscado desde hace más de seis años por diversos delitos y contaba con investigaciones abiertas por autoridades estatales y federales.
De acuerdo con las indagatorias, el detenido es señalado como un operador de relevancia dentro de la organización criminal, además de ser investigado por homicidio y por su probable participación en actividades de delincuencia organizada y extorsión en municipios del oriente del Estado de México.
Durante su localización habría intentado ocultar su identidad proporcionando datos falsos a los agentes que ejecutaron la orden de captura.
La expresidenta municipal de Chicoloapan, Nancy Gómez Vargas, fijó postura difundió un mensaje en redes sociales para deslindarse de las conductas atribuidas a su hermano.
La exalcaldesa sostuvo que cada persona debe responder únicamente por sus propios actos y afirmó que no puede ser responsabilizada por las decisiones o acciones de familiares, amistades, colaboradores o personas cercanas.
“Entiendo que hay acciones que tomar y que la ley debe ser impartida para todas y para todos. Hoy estoy aquí para dejar en claro que soy una persona independiente, que me responsabilizo por las acciones que yo haga, por mi comportamiento, por mi actuar y por las decisiones que yo tomé; no por terceras personas, así sean mis hermanos, mis familiares, mis amistades, compañeros de trabajo o mis allegados. Eso está fuera de mi alcance”, expresó.
Aunque las autoridades han precisado que la investigación se concentra exclusivamente en la responsabilidad penal del detenido y que no existe una imputación contra la exservidora pública por estos hechos, especialistas consideran que casos de esta naturaleza deterioran la percepción sobre la integridad de quienes ocupan cargos de representación popular.
