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Por Miguel García
@kurt2767
La disputa en torno al caso de Ismael “El Mayo” Zambada colocó una pregunta incómoda sobre la mesa: ¿hasta dónde puede llegar un gobierno extranjero cuando considera que sus intereses están por encima de las fronteras de otro Estado? Más allá del expediente judicial, el debate gira alrededor de la soberanía.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en que cualquier actuación realizada al margen de los mecanismos de cooperación y del derecho internacional representa una vulneración a la capacidad del Estado mexicano para ejercer plenamente sus facultades.
Esa postura no sólo responde a un diferendo diplomático; reivindica un principio elemental entre naciones: la igualdad jurídica.
Resulta paradójico que el combate al narcotráfico vuelva a convertirse en argumento para justificar acciones unilaterales, mientras permanece abierto el debate sobre las responsabilidades compartidas.
La demanda de drogas, el flujo de armas, los circuitos financieros y el lavado de dinero forman parte de una cadena transnacional que difícilmente puede explicarse desde un solo lado de la frontera.
México tiene la obligación de enfrentar a la delincuencia organizada con instituciones sólidas y dentro de la ley. Estados Unidos, por su parte, también debe asumir el peso de los factores internos que alimentan ese mercado ilícito. La cooperación sólo conserva legitimidad cuando respeta la soberanía y las reglas acordadas.
Las relaciones entre ambos países no deberían construirse sobre hechos consumados ni sobre presiones políticas, sino sobre confianza recíproca. Cuando una frontera jurídica se desdibuja, la discusión deja de ser únicamente sobre seguridad: se convierte en una defensa del derecho de cada nación a decidir su propio destino.
