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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reabrió la discusión sobre una de las resoluciones judiciales más relevantes del caso Ayotzinapa al atraer cuatro revisiones extraordinarias contra la sentencia de 2018 que ordenó crear la Comisión para la Investigación y la Verdad del caso Iguala.
La decisión fue tomada por unanimidad del Pleno, luego de que la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República solicitó ejercer la facultad de atracción para revisar los recursos promovidos originalmente por autoridades del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, quienes impugnaron la resolución al argumentar que diversas autoridades federales debieron ser llamadas al juicio.
El fallo que ahora será revisado fue emitido en mayo de 2018 por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito. En él se ordenó reponer la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, al concluir que la indagatoria estuvo marcada por graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas la práctica de tortura contra personas detenidas.
La sentencia también desacreditó la llamada “verdad histórica”, la versión presentada durante el sexenio de Peña Nieto que sostenía que los normalistas habían sido asesinados e incinerados en el basurero de Cocula. El Tribunal determinó que esa investigación omitió explorar otras líneas, entre ellas la posible participación de elementos del Ejército, además de no investigar adecuadamente las denuncias de tortura.
Como parte de sus efectos, el fallo ordenó crear una Comisión para la Investigación y la Verdad en el caso Iguala, integrada como un mecanismo extraordinario para garantizar una investigación independiente, con la participación de la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los familiares de las víctimas.
Aunque las revisiones extraordinarias fueron promovidas desde 2018 por autoridades de la administración de Peña Nieto, permanecieron sin resolverse durante varios años y comenzaron a admitirse hasta octubre de 2025. Posteriormente, en 2026, la Consejería Jurídica de la Presidencia solicitó a la Suprema Corte atraer los recursos al argumentar que era necesario definir la viabilidad jurídica y material para cumplir la sentencia, al considerar que existía una imposibilidad para crear dicha comisión.
