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Por Diana Sánchez Barrios
Los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI colocan sobre la mesa una realidad que con frecuencia es ignorada por los tecnócratas, los planificadores urbanos, los sectores empresariales así como por muchos funcionarios a nivel local, y que está representada por el hecho de que más de la mitad de la población ocupada en México desarrolla sus actividades en condiciones de informalidad. Allí se confirma una realidad estructural de la economía mexicana: el crecimiento del empleo continúa dependiendo en gran medida del comercio popular y de otras actividades no asalariadas en el espacio público. La población que sobrevive por medio de esta actividad se ubicó en el 55.2% de la población ocupada para mayo de 2026. Esto representa a más de 33.4 millones de personas en todo el país.
El INEGI destaca tres datos adicionales que nos llaman a la reflexión: en primer lugar, un dato preocupante es que la tasa de informalidad afecta más a las mujeres (55.3%) que a los hombres (54.4%); en segundo lugar, que se extiende la precarización económica y social en el país porque cerca del 53% de los trabajadores del comercio popular solo ganan hasta un salario mínimo o menos; y finalmente en tercer lugar, que se están desarrollando profundas diferencias regionales: mientras que estados históricamente marginados como Oaxaca, Guerrero y Chiapas superan el 75% de informalidad, otras entidades sobre todo en el norte de México como Nuevo León y Coahuila, registran tasas por debajo del 35%.
De acuerdo con el reporte del INEGI la tasa de informalidad laboral en la Ciudad de México se ubicó en 44%, donde cerca de 2.2 millones de personas trabajan por fuera del denominado “sector formal de la economía”, esto en un contexto actual donde alrededor de 203 mil personas se encuentran buscando activamente empleo. La tasa de desocupación laboral en la capital del país es una de las más altas de todo México, debido a la constante transición y a las exigencias del mercado local. Aquí los llamados micro-negocios sin establecimiento y las unidades económicas con menos de 5 empleados absorben la mayor cantidad de trabajadores informales que existen en las alcaldías metropolitanas.
El comercio popular siguió funcionando como un mecanismo de absorción laboral para decenas de miles de personas que no logran encontrar oportunidades en el empleo formal. Esto significa que el comercio popular no puede entenderse únicamente como un problema de regulación urbana o fiscal. Se trata, sobre todo, de una consecuencia de la incapacidad histórica del actual modelo económico para generar empleos formales suficientes, bien remunerados y con seguridad social. Amplios sectores sociales dependen de estrategias de supervivencia económica basadas en el autoempleo.
Las estrategias centradas exclusivamente en retirar comerciantes populares de la vía pública o endureciendo los mecanismos del diálogo difícilmente resolverán el problema.
Este informe del INEGI demuestra que el comercio popular no es una anomalía temporal, sino una pieza estructural del mercado laboral mexicano.
