Visitas
Juan R. Hernández
GRUPO CANTÓN
Ciudad de México.– La fiesta mundialista en Paseo de la Reforma, que reunió a más de 1.4 millones de personas, fue una de las jornadas más caóticas y mortales de los últimos años. Se registraron cuatro fallecidos —tres por asfixia y una por crisis convulsiva con sangrado digestivo—, dos mil 615 atenciones médicas, 28 traslados hospitalarios, 216 detenidos y solo se decomisaron seis mil latas de cerveza y 151 botellas de alcohol.
Pero el GCDMX insistió en que el operativo fue “satisfactorio”. Pablo Vázquez, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), aseguró que “no hubo incidentes graves”, una declaración que desató indignación tras una jornada marcada por muerte y descontrol. Además, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, se defendió de las críticas por la venta y consumo excesivo de alcohol diciendo que éste no tuvo relación con los decesos, sino con la saturación del espacio.
La tragedia exhibió descoordinación entre autoridades. Aunque Vázquez reportó tres personas muertas, la secretaria de Salud, Nadine Gasman, confirmó cuatro.
Además, aunque las autoridades presumieron un despliegue de 35 mil servidores públicos y 15 mil policías, las cifras evidencian la insuficiencia del operativo. Tan solo en Paseo de la Reforma, donde hubo alrededor de un millón de personas, apenas se asignaron 4 mil 200 policías; es decir, había uno por cada 238 asistentes.
Irregularidades
A pesar de la Ley Seca parcial y los anuncios gubernamentales para impedir vender alcohol, Diario Basta! documentó decenas de puntos de venta de bebidas alcohólicas que operaban con total impunidad cerca del Ángel, del Fan Fest del Zócalo, Madero y Bellas Artes.
En un recorrido de este medio, se ubicaron alrededor de 25 puestos que ofrecían alcohol. Incluso hubo vendedores con bebidas embriagantes en mochilas para distribuirlas entre la multitud. En varios de estos puntos, había elementos de distintas corporaciones sin intervenir. Asimismo, un asistente relató en redes que agentes de tránsito exigían $100 para permitir entrar con bebidas alcohólicas y que los espacios para estacionarse costaban entre $300 y $500 en vía pública.
El secretario de Gobierno, César Cravioto, reportó seis mil 528 latas de cerveza aseguradas y 151 botellas de alcohol, y seis establecimientos suspendidos. Pero no habló sobre las numerosas evidencias de venta clandestina registradas por este medio y por cientos de usuarios en redes.
Brugada sostuvo que la estrategia “funcionó”, ya que, sin las medidas implementadas, las consecuencias habrían sido peores. Además, anunció que se reforzarán las medidas de protección civil, salud y seguridad el domingo, día en que el Tri volverá a jugar. Informó que la FGJCDMX ya inició carpetas de investigación para deslindar responsabilidades.
No hubo previsión; exigen remoción de cargos
En conjunto, el PAN CDMX coincidió en que la tragedia del 30 de junio refleja negligencia, improvisación y corrupción, y anunció que exigirá fiscalización de recursos, destitución de funcionarios y deslinde de responsabilidades.
La presidenta del PAN capitalino, Luisa Gutiérrez, lamentó los decesos y presentó un Protocolo de Seguridad para Celebraciones Masivas, que contempla control dinámico de aforo con cámaras y drones, sectorización de zonas con vallas y corredores de control, y pasillos permanentes de evacuación.
El diputado federal Federico Döring, vocero del PAN capitalino, exigió a Brugada perfeccionar sus protocolos de protección civil. “En vez de reprimir a madres buscadoras, los granaderos deberían garantizar la seguridad de los festejos”, acusó. Además, pidió la intervención de la CNDH para vigilar y dar recomendaciones ante violaciones a la libre manifestación. La diputada federal Genoveva Huerta señaló: “Mientras ciertos grupos políticos colapsan el país con impunidad, la policía reprime a quienes buscan a sus desaparecidos”.
Por su parte, la legisladora local Laura Álvarez acusó que Morena y el GCDMX arrebatan mantas con rostros de desaparecidos a madres buscadoras. La consejera nacional Wendy González señaló al gobierno de esconder la realidad para cuidar su imagen, mientras la diputada Liz Salgado advirtió que los festejos no pueden justificar riesgos ni violaciones a derechos humanos.
El diputado Mario Sánchez, integrante de la Comisión de Seguridad del Congreso capitalino, responsabilizó a Brugada y a la Secretaría de Gobierno por falta de planeación. “Mientras más pantallas colocaban, más espectadores atraían, sin prever contingencias”, denunció. Añadió que la policía cumplió su labor, pero los demás servidores públicos “se hicieron de la vista gorda”.
