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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
La exigencia de justicia de una madre que permanece alejada de su hijo desde hace 18 meses volvió a colocar bajo cuestionamiento la actuación del gobierno municipal de Metepec y la respuesta institucional frente a casos relacionados con violencia de género y protección de la infancia.
Michelle Gaytán, quien se identifica como víctima de violencia vicaria, se manifestó junto con integrantes de colectivos feministas frente a los juzgados de Metepec para denunciar los retrasos que, asegura, han impedido que exista una resolución de fondo sobre la situación de su hijo. La joven sostuvo que, pese a contar con elementos legales que respaldan su posición y haber cumplido con los requerimientos de las autoridades, el procedimiento continúa sin avances definitivos.
De acuerdo con su versión, la separación ocurrió cuando el menor tenía poco más de un año de edad. Desde entonces ha enfrentado diversos procedimientos judiciales y ministeriales derivados de acusaciones que considera infundadas. Afirmó que las investigaciones iniciadas en su contra no han logrado acreditar conductas que justifiquen mantenerla alejada de su hijo, situación que ha prolongado el conflicto familiar y el desgaste emocional.
Durante la protesta, la denunciante señaló que ha comparecido a evaluaciones psicológicas, entrevistas y estudios periciales solicitados por las autoridades para acreditar sus capacidades parentales. Sin embargo, acusó que la contraparte no ha cumplido en tiempo con algunos requerimientos ordenados por el tribunal y, aun así, continúa recibiendo ampliaciones de plazo que han retrasado el desarrollo del caso.
Michelle Gaytán aseguró que la persona señalada por mantener la custodia de hecho del menor habría recibido respaldo de funcionarios vinculados con el Ayuntamiento de Metepec.
El señalamiento ocurre en un contexto en el que la administración municipal encabezada por Fernando Flores ha enfrentado críticas de organizaciones civiles por la atención brindada a mujeres que denuncian violencia y por la ausencia de mecanismos eficaces para acompañar a personas en situación de vulnerabilidad. Activistas que acudieron a la movilización consideraron que el gobierno local debe garantizar imparcialidad institucional y evitar cualquier acción que pueda interpretarse como respaldo a una de las partes en conflictos de esta naturaleza.
Las participantes también hicieron un llamado al Poder Judicial para agilizar la resolución del expediente y priorizar el interés superior de la niñez. Señalaron que el paso del tiempo agrava las afectaciones emocionales tanto para la madre como para el menor, por lo que demandaron una determinación que otorgue certeza jurídica a todas las partes involucradas.
