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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
Ciudad de México
Un documento presentado por la organización México Evalúa detalla que, al cierre de 2024, más de 2.6 millones de carpetas de investigación se mantenían en estatus de pendientes.
De acuerdo con la agrupación, el rezago de las fiscalías estatales en el desahogo de los casos aumentó hasta cinco veces más entre 2016 y 2024.
En su informe titulado Radiografía de las fiscalías en México: evaluar para fortalecer la procuración de justicia, se precisa que se dio un uso excesivo de los casos clasificados como archivos temporales, los cuales significan hasta el 34. 2 por ciento de los hechos. Apuntó que el estudio identifica problemas como la sobreutilización del archivo temporal, el bajo uso de acuerdos reparatorios y los reducidos niveles de judicialización de casos.
“Las fiscalías mantienen una brecha entre el diseño institucional y su funcionamiento cotidiano. Aunque la reforma al sistema acusatorio debió consolidarse desde 2016, muchas instituciones aún operan bajo lógicas asociadas al expediente escrito y no bajo modelos de investigación estratégica”, subraya la agrupación.
Los resultados del estudio sugieren áreas de oportunidad en la gestión interna. No necesariamente reflejan falta de esfuerzo institucional, sino la necesidad de fortalecer procesos, capacidades y herramientas que permitan resolver los casos de manera más efectiva.
Ante ello, propuso una agenda orientada a fortalecer las capacidades institucionales de las fiscalías: entre ellas, diseñar planes de transición institucional que permitan consolidar modelos de investigación estratégica y superar prácticas heredadas del sistema inquisitivo. Fortalecer el servicio profesional de carrera, la capacitación continua y los mecanismos objetivos de evaluación del desempeño del personal ministerial.
Además de implementar sistemas integrales de gestión de casos con expediente electrónico, trazabilidad digital, análisis criminal y mejor coordinación entre fiscalías, policías y tribunales. Construir indicadores que midan resultados reales de justicia, más allá del número de denuncias recibidas o carpetas iniciadas.
Otras de las propuestas radican en impulsar políticas de persecución penal claras, con prioridades definidas y estrategias diferenciadas según la complejidad de los delitos. Mejorar la transparencia y la generación de información pública para evaluar avances y orientar decisiones.
