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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
El Estado de México se ha consolidado como epicentro nacional de escándalos de corrupción y violencia ejercida desde el poder local. Las cifras son contundentes: 75 años de prisión para Emilio Arriaga, exalcalde electo de Ocuilan, por secuestro político; 42 años de condena para Gerardo Nava Sánchez, exedil de Zinacantepec, por ordenar el intento de homicidio de un regidor opositor; y un historial de desvíos y abusos que han dejado a varios presidentes municipales tras las rejas.
El ejercicio del mando municipal, lejos de garantizar seguridad, se ha transformado en un escudo de impunidad que permite excesos y delitos de alto impacto.
El caso más reciente que cimbró a la entidad fue el de Raymundo “N”, exalcalde de Toluca, detenido tras un operativo militar acusado de secuestro exprés contra su suegro, utilizando a la policía municipal como instrumento criminal en medio de disputas familiares.
En Santiago Tianguistenco, Diego Eric “N” fue capturado y destituido tras enfrentar acusaciones de abuso sexual y extorsión, provocando parálisis administrativa en su demarcación.
La violencia también alcanzó espacios institucionales como el DIF de Calimaya, donde la alcaldesa Selene Hernández fue denunciada penalmente por una psicóloga que la acusó de agresión física, verbal y sexual dentro de las instalaciones, en complicidad con familiares y escoltas.
Estos episodios revelan cómo el aparato estatal ha sido manipulado para fines personales y delictivos, dejando huellas de brutalidad en la vida pública mexiquense.
Los cinco perfiles más notorios —Raymundo “N”, Diego Eric “N”, Selene Hernández, Emilio Arriaga y Gerardo Nava— confirman que en el Edomex el poder municipal ha cruzado la línea hacia la delincuencia organizada y la violencia directa. La vulnerabilidad institucional de la entidad, expuesta por desvíos de recursos y redes de extorsión, coloca al Estado de México bajo el ojo crítico de la opinión pública nacional.
