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REDACCIÓN
Los usuarios del transporte público en el Estado de México enfrentan una problemática perpetua marcada por la inseguridad: robos y actos de violencia en combis, microbuses y otras unidades de servicio colectivo que operan en zonas urbanas y suburbanas.
Pasajeros de municipios como Tultitlán, Chimalhuacán, Naucalpan y Cuautitlán Izcalli denuncian que los asaltos continúan registrándose en horarios de alta demanda, principalmente durante las primeras horas de la mañana y por la noche, cuando miles de personas se trasladaban hacia sus centros de trabajo o regresaban a sus hogares.
De acuerdo con testimonios recabados por vecinos y usuarios, los delincuentes aborda las unidades haciéndose pasar por pasajeros.
Una vez en movimiento, amenazan a los ocupantes para despojarlos de teléfonos celulares, dinero en efectivo, identificaciones y otros objetos de valor.
Las víctimas señalan que la mayoría de estos hechos ocurrieron en trayectos largos o en zonas donde la presencia policial fue limitada.
En algunos casos, los responsables descienden de las unidades pocos minutos después de cometer los robos, aprovechando la falta de vigilancia en calles y avenidas de alta circulación.
La problemática también genera preocupación entre familias que diariamente utilizan el transporte público como principal medio de movilidad. Usuarios afirmaron que la inseguridad modificó hábitos y horarios, además de incrementar el temor durante los desplazamientos cotidianos.
A esta situación se sumaron reportes relacionados con carteristas en estaciones de transporte masivo y denuncias sobre agresiones contra pasajeros en zonas de ascenso y descenso. Vecinos señalaron que la ausencia de alumbrado en diversos puntos incrementó las condiciones de riesgo para quienes esperan una unidad durante la madrugada o la noche.
Frente a este panorama, habitantes comenzaron a organizar redes de comunicación y vigilancia comunitaria para alertar sobre incidentes y ubicar puntos considerados de mayor peligro. Asimismo, solicitaron operativos permanentes, mejor iluminación y mayor coordinación entre corporaciones de seguridad.
La exigencia de los usuarios se centró en garantizar condiciones mínimas de protección en los trayectos diarios. Para miles de trabajadores y estudiantes, el transporte público continuó representando una necesidad indispensable, pero también un espacio donde el riesgo de ser víctima de un delito permaneció presente.
