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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
La disputa entre el sector joyero y la Secretaría de Finanzas estatal lejos de encontrar una solución parece profundizarse con el paso de las semanas. A la preocupación por los nuevos requerimientos administrativos se suma ahora un elemento que empresarios consideran aún más grave: la ausencia total de información oficial sobre el origen, alcance y justificación de las medidas que han provocado incertidumbre entre miles de comerciantes.
Desde finales del año pasado, propietarios de joyerías han recibido notificaciones relacionadas con procesos de regularización que, según denuncian, implican costos adicionales para mantener sus actividades.
Los afectados aseguran que las comunicaciones oficiales advierten sobre posibles inspecciones, sanciones económicas e incluso clausuras para quienes no cumplan con los nuevos requisitos en los plazos establecidos.
Lo que comenzó como una preocupación sectorial se ha transformado en un conflicto político y económico que alcanza dimensiones estatales. Organizaciones empresariales afirman que han buscado establecer canales de diálogo con las autoridades responsables, sin obtener hasta ahora una respuesta pública que permita aclarar las dudas existentes. La falta de comunicación ha alimentado la percepción de que la dependencia encabezada por Óscar Flores pretende aplicar disposiciones que impactan directamente a pequeños negocios sin ofrecer explicaciones suficientes.
Incluso los llamados de representantes populares para abrir mesas de trabajo y establecer mecanismos de diálogo no han logrado destrabar el conflicto. Mientras la Secretaría de Finanzas mantiene una postura reservada, el malestar empresarial continúa creciendo y las exigencias de una explicación oficial se multiplican.
Para miles de comerciantes, la principal demanda sigue siendo la misma: reglas claras, certeza jurídica y una respuesta pública.
