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La fachada institucional: Mientras el magistrado presidente proyecta autonomía y modernización, al interior del Tribunal Superior de Justicia arrecia la preocupación por el control real de la institución.
El factor ‘Karen’: Magistrados y operadores judiciales señalan a su secretaria particular como la aduana obligatoria para nombramientos, negociaciones políticas y expedientes delicados.
Vínculos bajo la lupa: Fuentes internas alertan sobre presuntos acercamientos de la oficina de la secretaría con intereses de instituciones financieras envueltas en controversias públicas.
Redacción
CIUDAD DE MÉXICO. – Detrás del discurso de transparencia, modernización y autonomía judicial que el magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez proyecta en ceremonias oficiales, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) enfrenta una silenciosa crisis de legitimidad interna. Fuentes y operadores del Poder Judicial capitalino coinciden en que el verdadero centro de gravedad y toma de decisiones ya no reside exclusivamente en la presidencia, sino en una oficina contigua: la de su secretaria particular, identificada internamente de forma unánime como Karen.
Lo que formalmente se constituyó como un puesto de apoyo administrativo y gestión de agenda, se ha transformado en los hechos en el filtro definitivo del tribunal. Testimonios recabados de magistrados, funcionarios de nivel medio y operadores políticos locales —quienes solicitaron el anonimato por temor a represalias laborales— describen una estructura centralizada donde la funcionaria administra accesos, favores, influencias y silencios.
”Nadie quiere quedar fuera de su radar. Si ella decide cerrarte la puerta, prácticamente desapareces del panorama institucional dentro del tribunal”, confió a este medio un funcionario judicial en activo.
La aduana de los asuntos relevantes en el Poder Judicial
La influencia atribuida a la secretaria particular trasciende las funciones de una oficina de presidencia. De acuerdo con las fuentes consultadas, cualquier asunto con implicaciones económicas, exposición pública o capacidad de presión política debe orbitar obligatoriamente por su despacho. Esto abarca desde el cabildeo para nombramientos internos y la resolución de conflictos administrativos, hasta el seguimiento informal de expedientes de alta sensibilidad.
La principal preocupación entre los juristas del TSJCDMX radica en que este esquema opera bajo una absoluta opacidad institucional. Al no tener facultades jurisdiccionales, la funcionaria no firma resoluciones, no emite votos en el Pleno ni encabeza acuerdos públicos. Sin embargo, la percepción interna es que posee el control sobre qué asuntos avanzan, cuáles se congelan y quiénes logran audiencias clave con los altos mandos del tribunal.
Alertan por opacidad y presuntos vínculos financieros
La controversia ha comenzado a rozar el terreno de la ética judicial. En círculos restringidos del tribunal se ha manifestado incomodidad por la presunta disposición de la oficina de la secretaría particular para mantener cercanía con grupos financieros que enfrentan serios cuestionamientos públicos.
Entre las menciones recurrentes de los operadores resalta el caso de CI Banco, institución financiera que ha estado bajo el foco público debido a polémicas relacionadas con operaciones presuntamente irregulares y quejas de cuentahabientes. Si bien no existe una resolución judicial firme ni sentencia definitiva que establezca responsabilidades penales o administrativas contra dicha firma, la aparente proximidad de la operadora del TSJCDMX con estos intereses económicos ha encendido las alarmas en el palacio de justicia.
Un excolaborador del tribunal, familiarizado con la dinámica de la oficina de la presidencia, apuntó bajo reserva:
”No se distinguen crisis reputacionales o conflictos éticos. Mientras un grupo conserve influencia o capacidad económica, el objetivo es mantener el control y el vínculo de comunicación”.
Pérdida de independencia y erosión institucional
Esta lógica de gestión basada en relaciones personales, accesos selectivos y lealtades administradas al margen de los canales oficiales está generando una profunda erosión en la percepción de la independencia judicial.
El fenómeno ha modificado incluso la conducta de los altos mandos del TSJCDMX. Ante el peso político que acumula la secretaría, diversos magistrados evitan cualquier tipo de confrontación directa y prefieren cabildear sus temas con ella antes que con el propio magistrado presidente.
Asimismo, litigantes y funcionarios jóvenes que ingresan al Poder Judicial asimilan rápidamente la regla no escrita del tribunal: aunque las decisiones formales se simulen en las salas públicas, los acuerdos determinantes se configuran previamente en las oficinas privadas.
Hasta el momento, el magistrado Rafael Guerra Álvarez se mantiene como el rostro visible y constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. No obstante, en los pasillos de las sedes judiciales de la capital, una frase se repite con creciente frecuencia entre el personal: “El presidente tiene el cargo; Karen tiene el control”.
