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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
Ciudad de México.- La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) aseguró que cambiar la elección judicial para el 4 de junio de 2028 prolonga la crisis de legitimidad, el colapso logístico, no corrige los problemas de fondo del modelo y además expone la incertidumbre dentro del sistema de justicia mexicano.
La agrupación aseveró que realizar una elección sin criterios específicos de funcionalidad únicamente provocará que se colapse el sistema de impartición de justicia en el país, de tal manera que, expuso, la segunda ronda de la elección no se realice de manera masiva, sino que más bien se limite rigurosamente a las vacantes reales y así evitar, por el bien del país, que se consolide una desarticulación total del Poder Judicial.
“Esta reforma a la reforma genera una zona de incertidumbre jurídica que solo incrementará la litigiosidad y la falta de certeza para la ciudadanía que busca justicia. Nuestra organización demanda que, si ha de existir una elección, ésta se limite exclusivamente a las vacantes reales generadas por causas naturales (renuncia, jubilación o fallecimiento)”, refirió mediante un comunicado.
Sobre la posibilidad de reducir el número de candidaturas y simplificar las boletas, la organización indicó que no basta con resolver el riesgo de la elección judicial que se encuentra atrapada en dinámicas partidistas, pues al pasar de 81 a 54 candidaturas para la Suprema Corte de Justicia de la nación (SCJN) y de 45 a 30 para el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), se ven como medidas insuficientes al no garantizar el perfil técnico de quienes buscan llegar a un cargo judicial.
Entre las propuestas, la agrupación solicitó que se permita la salida voluntaria de juzgadores y magistrados que pretendan retirarse, y que además se les garantice el pago inmediato de todas sus prestaciones, sobre ese tema, denunciaron que existe una fuerte presión institucional que ha derivado en varias renuncias anticipadas.
Además, cuestionaron que se pretenda implementar programas de capacitación para los togados con décadas de experiencia, pues es contradictorio permitir que lleguen personas con poca experiencia.
