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César A. Muñoz
CIUDAD DE MÉXICO.- Diputados de distintas bancadas cuestionaron la gestión de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, durante su comparecencia en el Congreso capitalino, donde se abordaron señalamientos sobre el manejo del presupuesto, la transparencia en contratos y el ordenamiento del comercio en vía pública.
La diputada de Morena, Leonor Gómez Otegui, acusó presuntas irregularidades en contratos por más de 97 millones de pesos y sostuvo que habrían sido otorgados a empresas vinculadas entre sí y relacionadas con el sector inmobiliario y rentas tipo Airbnb. En su intervención también lanzó una crítica directa al desempeño de la alcaldesa al señalar que “no sabe cómo ser alcaldesa”, en el contexto de los cuestionamientos sobre la administración de recursos públicos.
Asimismo, mencionó la existencia de una investigación por parte de la Auditoría Superior de la Ciudad de México y criticó el uso de propaganda institucional con imagen de la funcionaria.
Durante la sesión, se presentaron datos de la Secretaría de Turismo capitalina que estiman más de doce mil 500 alojamientos activos en Cuauhtémoc, lo que representa cerca del 46% de la oferta de hospedaje temporal en la capital, con concentración en colonias como Roma Norte, Condesa, Juárez y Centro Histórico.
En materia de comercio en vía pública, cifras del INEGI y del gobierno capitalino estiman más de 80 mil comerciantes en la Ciudad de México, de los cuales más de 13 mil se ubican en Cuauhtémoc, una de las alcaldías con mayor presencia de ambulantaje.
EXIGEN EXPLICACIONES
El diputado Manuel Talayero pidió explicaciones sobre refugios de animales, denuncias de maltrato y resultados de programas de atención a mujeres, mientras que la diputada Janeth Guerrero cuestionó la falta de indicadores claros sobre el impacto de las políticas públicas implementadas.
En tanto, la congresista Patricia Urriza Arellano, de MC, solicitó información en materia de cuidados y sobre la infraestructura de los CENDIS, y preguntó a la funcionaria sobre por qué no hay una política pública enfocada a las infancias y adolescencias.
