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Ciudad de México. – El morenista José Carlos Acosta, extitular de Xochimilco en los trienios 2018-2021 y 2021-2024 tuvo una de las administraciones con más irregularidades, ya que acumuló más de 156 millones de pesos sin aclarar que dañaron las cuentas públicas locales; no obstante, se encuentra en la Secretaría de Administración y Finanzas local (SAF CDMX) como director general de Capital Humano, sin que existan consecuencias en su contra.
Las investigaciones que recibió Xochimilco de 2021 a 2024 por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sumaron un total de 156 millones 713 mil pesos de recursos públicos ejercidos sin aclarar. En 2021 cuando Acosta Ruiz consiguió una polémica reelección por el recuento de votos, la Auditoría señaló 28 millones 520 mil pesos pendientes de esclarecer en una revisión a contratos de obra pública dónde las empresas no comprobaron su legal constitución, mientras que en diversas adquisiciones no hubo registros sobre su ingreso al almacén ni muestras fotográficas que comprueben la compras.
En 2022 la Auditoría determinó 12 millones 537 mil pesos en la opacidad, los cuáles correspondieron a obras de drenaje no comprobadas en San Luis Tlaxialtemalco y el uso de recursos en proyectos no autorizados, así como inmuebles no utilizados. En este año se sumaron 913 mil pesos por la falta de documentación que justificara los trabajos finales de la remodelación de la Plaza Cívica Quirino Mendoza en Santiago Tulyehualco.
Del ejercicio de recursos de 2023 se desprenden 525 mil pesos correspondientes a obras de mala calidad en la escuela primaria Dr. Epifanio Jiménez; además de 36 millones 707 mil pesos sin aclarar por no comprobar contratos por servicios científicos, la adquisición de una pipa de agua, mantenimiento de vehículos, mantenimiento menor a inmuebles, servicios de logística y mantenimiento a un edificio público en San Luis Tlaxialtemalco.
En 2024 Acosta Ruiz quiso imponer a su entonces directora General de Bienestar, Erika Rosales, actual diputada local, las últimas revisiones financieras añadieron 77 millones 509 mil pesos por aclarar. Estos correspondieron a la falta de pruebas de adquisiciones en almacén, ni pruebas fotográficas o evidencia de servicios en contratos por intervenciones a escuelas y la construcción de la Escuela del Músico, mezcla asfáltica, artículos de construcción, material eléctrico, servicios científicos, otras ayudas sociales y en la compra de canoas.
