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Redacción
La Contraloría del Estado de Jalisco inició una investigación formal en contra de Farhad Martínez Acosta, actual Director General de Fiscalización en la Secretaría de la Hacienda del Gobierno estatal, luego de admitir una denuncia ciudadana por presuntos actos de extorsión, abuso de poder y tráfico de influencias.
La denuncia fue recibida y registrada con el folio 26904, lo por lo que el órgano de control interno tendrá que dar trámite al expediente e iniciar las diligencias correspondientes.
Del SAT al Gobierno de Jalisco
De acuerdo con sus declaraciones patrimoniales, Farhad Martínez Acosta laboró entre 2021 y 2024 en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), específicamente en el área jurídica de Jalisco, donde desempeñó funciones relacionadas con asuntos penales y representación del fisco federal en procesos judiciales.
En marzo de 2025 presentó su declaración de conclusión de encargo y, posteriormente, asumió la titularidad de la Dirección General de Fiscalización del Gobierno del Estado de Jalisco.
El rápido ascenso de Martínez Acosta al nuevo cargo ha generado cuestionamientos y denuncias sobre el proceso de su designación, el alcance de sus atribuciones y el posible aprovechamiento de su experiencia jurídico-fiscal para intervenir en asuntos de alto impacto.
Uno de los puntos señalados en la denuncia es su presunta participación como representante legal del Fondo Jalisco de Fomento Empresarial (FOJAL) en la denuncia presentada en enero de 2025 por el supuesto fraude relacionado con las Villas Panamericanas.
La dimensión de ese caso ha despertado interrogantes sobre la relevancia de su perfil jurídico y fiscal, así como sobre la posible utilización de su cargo y redes institucionales para impulsar procedimientos con fines ajenos al interés público.
Con la admisión de la denuncia, la Contraloría estatal podrá requerir información oficial, revisar declaraciones patrimoniales y de intereses, analizar el proceso de nombramiento del funcionario y determinar si existen responsabilidades administrativas o posibles conductas constitutivas de delito.
Entre los hechos denunciados se encuentran presuntos actos de: Abuso de autoridad, Tráfico de influencias , Conflicto de interés , Ejercicio indebido del servicio público y extorsión
La apertura del expediente con folio 26904 representa el primer paso formal para esclarecer el actuar del funcionario y determinar si incurrió en conductas contrarias a la legalidad y al servicio público.
Diversos sectores han señalado que el caso pone a prueba los mecanismos de control interno del Gobierno de Jalisco y la capacidad de las instituciones para investigar posibles abusos de poder en los niveles más altos de la administración pública.
La resolución del expediente será clave para conocer si las acusaciones derivan en sanciones administrativas, inhabilitaciones o, en su caso, denuncias penales ante las autoridades competentes.
