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Por Salvador Guerrero Chiprés
A casi un año del asesinato de Ximena y Pepe, el proceso judicial y la coordinación se mantienen como indicadores del cambio de paradigma en la persecución penal de la Ciudad de México.
Modelo de operación impulsado por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien ha alineado las capacidades locales con la política de la Presidenta Claudia Sheinbaum. Esto permite al secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, y a la Fiscal Bertha Alcalde actuar bajo un mismo criterio.
El cruce de información en tiempo real entre federación, fiscalía y policía local garantizó la obtención de pruebas desde el momento del crimen. Resultado directo ha sido la vinculación a proceso de 18 personas implicadas en la estructura material y logística. Uno más de los sospechosos fue asesinado por la misma banda.
La fragmentación de funciones en la cadena delictiva —planeadores, vigilantes, ejecutores materiales y proveedores de transporte— hacen multidimensional el desafío de las autoridades: reconstrucción de la línea de tiempo delictiva, videomonitoreo forense, análisis de redes de comunicación, geolocalización de dispositivos móviles y rastreo de flujos financieros.
Aunque el foco de la opinión pública esté en el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, la misma matriz de coordinación se aplica en el mapa delictivo de la ciudad. Los indicadores validan esta política: una caída de 7% en homicidios dolosos en el primer tercio del año respecto al mismo periodo de 2025.
El expediente del crimen cometido el 20 de mayo del año pasado sobre Calzada de Tlalpan continúa bajo instrucción judicial y con líneas de investigación activas. El precedente técnico establece la coordinación interinstitucional y da certeza sobre lo expresado por Brugada: “No habrá olvido, no habrá impunidad, habrá justicia”.
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