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Juan R. Hernández
Ciudad de México.- Con 5 políticos desaforados en los últimos años y 2 más en proceso, la figura del desafuero vuelve al centro del debate nacional como instrumento que oscila entre la justicia y la presión política, en medio de acusaciones por corrupción, abuso y delitos de alto impacto.
El antecedente más emblemático sigue siendo el caso de Andrés Manuel López Obrador, quien el 7 de abril de 2005 fue despojado de su inmunidad como jefe de Gobierno, en un proceso impulsado durante la administración de Vicente Fox, lo que detonó una movilización social sin precedentes y terminó por fortalecer su carrera política.
A partir de 2018, el desafuero tomó un giro más vinculado a delitos graves. En 2019, Cipriano Charrez perdió el fuero acusado de homicidio culposo tras un accidente vehicular. En 2021, dos casos sacudieron al Congreso: Mauricio Toledo, señalado por enriquecimiento ilícito superior a 11 millones de pesos y quien huyó a Chile, y Saúl Huerta, acusado de delitos sexuales contra menores.
Ese mismo año, el entonces gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, enfrentó un proceso por delincuencia organizada y lavado de dinero, en un caso marcado por disputas legales entre poderes.
Más recientemente, el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, ha sido sometido a múltiples procesos de desafuero entre 2023 y 2024, ligado a presuntas irregularidades en el caso del feminicidio de Ariadna Fernanda.
La administración de Claudia Sheinbaum impulsa la eliminación del fuero para legisladores, figura que sigue generando división política. En marzo de 2025, la Cámara de Diputados desechó las solicitudes de desafuero contra Cuauhtémoc Blanco y Alejandro Moreno por falta de pruebas.
Actualmente existen tres procesos en curso contra funcionarios de Sinaloa: el gobernador Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázares y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, presentados por Movimiento Ciudadano y en análisis en la Comisión Jurisdiccional.
