Visitas
FGR concluye que no hay urgencia acreditada suficiente
SRE pide más información a autoridades de Estados Unidos
Gobierno acusa campaña mediática impulsada por la derecha
Juan R. Hernández
Ciudad de México.– La solicitud de extradición vinculada al caso Sinaloa permanece detenida en fase administrativa, luego de que no se cumplieron los parámetros legales necesarios para proceder con una detención provisional.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la petición enviada por Estados Unidos no acreditó la urgencia requerida, lo que impide avanzar a la etapa judicial y activar plazos formales.
De acuerdo con la revisión de la Fiscalía General de la República (FGR), no existen elementos suficientes que justifiquen una acción inmediata. Esta valoración derivó en que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) solicitara información adicional al gobierno estadounidense, dejando el expediente en pausa indefinida.
En este contexto, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, precisó que el procedimiento se encuentra en una fase preliminar, ya que no existe una solicitud formal de extradición, sino únicamente una petición de detención provisional con fines de extradición, figura que exige acreditar condiciones de urgencia.
Durante la conferencia matutina, Alcalde explicó que la diferencia es sustancial: una solicitud formal debe incluir cargos, pruebas, orden de aprehensión y sustento jurídico completo, conforme al tratado bilateral entre México y Estados Unidos. En contraste, la detención provisional aplica en casos donde existe riesgo de fuga u obstaculización del proceso, elementos que —subrayó— no fueron demostrados por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.
“La Fiscalía determinó que no se aportaron pruebas que acrediten el riesgo de sustracción u obstaculización del proceso, por lo que la solicitud no está debidamente fundamentada”, puntualizó.
En caso de que EU entregue la información requerida y se acrediten las condiciones de urgencia, la FGR podría acudir ante un juez de control para solicitar la detención provisional, lo que abriría un plazo de 60 días para formalizar la extradición.
Sheinbaum reiteró que sin pruebas sólidas el caso no puede judicializarse. “El juez decide, no la fiscalía ni la cancillería”, afirmó, al insistir en que su gobierno actúa conforme a la ley, sin proteger a persona alguna.
En paralelo, el tema ha sido amplificado en medios y redes sociales, lo que el gobierno federal atribuye a una campaña mediática impulsada desde sectores de la derecha, que —señala— busca posicionar acusaciones sin sustento judicial.
La mandataria rechazó dichos señalamientos y sostuvo que no existe resolución que vincule a los señalados con delito alguno. “Si hay pruebas, se actúa, sin importar partido”, afirmó.
