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Redacción
La activista, defensora de derechos humanos y titular de una notaría pública, Norma Romero Cortés, denunció ser víctima de una persecución sistemática, hostigamiento y un reciente acto de violencia que, advierte, busca frenar su lucha contra la corrupción y estructuras patriarcales enquistadas en instituciones públicas.
Amparo insuficiente tras años de litigio
Romero Cortés relató que, tras años de litigio, obtuvo un amparo (1497/2025), radicado en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la capital del país. No obstante, calificó el resultado como un “triunfo pírrico”.
“El amparo se ganó, sí, pero en realidad solo sirve para reiniciar todo desde cero. Después de más de cuatro años, lo que recibimos son migajas de justicia”, sostuvo.
El caso, explicó, involucra a un servidor público y derivó en señalamientos contra funcionarios del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), a quienes acusa de incurrir en omisiones para proteger al presunto agresor.
“Me enfrenté a un sistema que protege a quienes están dentro de él. Actuar conforme a la ley me ha costado un verdadero viacrucis”, afirmó.
Allanamiento e intento de intimidación
El episodio más grave ocurrió el pasado 25 de abril, alrededor de las 6:55 horas, cuando la notaria ingresó a su oficina y encontró a un hombre dentro del área de servidores.
“Pensé que era personal de mantenimiento, lo saludé con normalidad. Pero segundos después vi que la caja fuerte estaba destruida y entendí que algo no estaba bien”, narró.
Al confrontar al sujeto, este le respondió que “el jefe” lo había enviado a buscar dinero. Romero Cortés logró mantener la calma y salir del inmueble.
“Le dije: ‘Órale, sigue buscando’. Eso me permitió retroceder, tomar mis llaves y salir. Sabía que si perdía la calma, la situación podía escalar”, explicó.
El individuo huyó del lugar, pero más tarde fue localizado por elementos de la policía estatal en una panadería cercana, donde —según reportes— confesó tanto el robo en ese establecimiento como el allanamiento en la notaría.
“Esto no fue un robo común. Fue un mensaje, un intento de intimidarme para que deje de hacer lo que hago”, denunció.
El contexto, señala, refuerza esta hipótesis. Días antes, recibió una llamada telefónica de un presunto intermediario identificado como Jesús Cabrero, quien le habría propuesto llegar a un acuerdo con la defensa de una exfuncionaria denunciada por ella.
“Me dijeron que me ‘pusiera de acuerdo’, que podía obtener beneficios y más trabajo si dejaba esto en el olvido. Fue un intento claro de comprar mi conciencia”, aseguró.
Romero Cortés rechazó la propuesta y afirma que fue advertida de posibles represalias.
“Me dijeron que ella estaba muy molesta, que iba a hacer todo lo posible por desacreditarme y hundirme. No me voy a doblar”, enfatizó.
Violencia institucional y rezago en la justicia
A la par, denuncia enfrentar lo que califica como violencia institucional en distintos frentes, incluido el congelamiento de sus cuentas bancarias desde hace más de un año y medio.
“Tengo más de año y medio con mis cuentas congeladas de manera injusta. Es una forma de asfixia económica para obligarme a desistir”, acusó.
Asimismo, señaló la inacción en una carpeta de investigación iniciada desde 2021 por violencia contra las mujeres.
“Llevo cinco años esperando justicia en ese expediente. No hay avances, no hay resolución. Es abandono institucional”, dijo.
Otro hecho que considera irregular ocurrió el 22 de abril, cuando se llevó a cabo una audiencia de imputación en su ausencia.
“Ni siquiera respetaron el derecho a diferir la audiencia. La actitud fue hostil, ofensiva. Y el resultado fue archivar el caso”, señaló.
Activismo y defensa de derechos de las mujeres
Más allá del ámbito legal, la activista ha impulsado iniciativas enfocadas en la protección de las mujeres, como el denominado “Protocolo Violeta”.
“Cuando las mujeres administran el patrimonio, aumenta el nivel educativo de sus hijos. Eso está documentado y por eso lucho por este modelo”, explicó. También ha promovido mecanismos para visibilizar a deudores alimentarios y agresores.
“Necesitamos exhibir a quienes violentan, romper el silencio que los protege”, afirmó.
Llamado urgente ante riesgo a su integridad
Hoy, sostiene, su caso refleja los riesgos que enfrentan las mujeres que desafían redes de poder y corrupción.
“El Estado debería garantizar una vida libre de violencia, pero en cambio nos empuja al último eslabón de la cadena”, advirtió.
Ante la gravedad de los hechos, Romero Cortés hizo un llamado a la sociedad civil y a las autoridades.
“No quiero convertirme en una más. No quiero ser una menos. Estoy alzando la voz antes de que sea demasiado tarde”, subrayó.
Finalmente, insistió en que continuará su lucha pese a las amenazas.
“Pareciera que ser ingobernable en favor de las causas correctas es un pecado. Pero si no lo hacemos, ¿quién va a defender a quienes no tienen voz?”, concluyó.
