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Por Ceci Vadillo
En la Ciudad de México, las personas ya no son desplazadas solo por desastres naturales; hoy, miles deben abandonar sus hogares porque el precio de la renta ha aumentado de manera desproporcionada.
La gentrificación —fenómeno donde las colonias se “ponen de moda” y los servicios se encarecen— comenzó a azotar la capital hace una década. Entre 2015 y 2025, el precio de la vivienda se duplicó. En zonas céntricas, las rentas subieron más del 30% en apenas cuatro años. Actualmente, dos millones de personas rentan y los hogares más pobres destinan casi la mitad de su ingreso a pagar un techo.
Esta crisis es más cruda en el poniente. Alcaldías como Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Benito Juárez, gobernadas por el PAN, aprovecharon la coyuntura en contubernio con inmobiliarias para construir más edificios y encarecer las zonas.
Ante esto, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó al Congreso local una reforma constitucional para frenar las rentas excesivas. La iniciativa establece que los aumentos de las rentas no superen la inflación, obliga al gobierno a ampliar la reserva de suelo para vivienda social y propone crear una institución que defienda a las y los inquilinos. Además, busca reconocer en la Constitución el derecho al arraigo vecinal y comunitario, incorporando también el término “gentrificación”.
En otras palabras, se eleva a rango constitucional una prioridad vital: el derecho a quedarte donde creciste y donde hiciste tu vida, sin importar que tu colonia se vuelva tendencia. Es una declaración de principios. Hoy la Jefa de Gobierno nos dice que para la Ciudad es más importante que una familia de Tacubaya o la Doctores permanezca en su barrio, antes que permitir que un inversionista convierta su hogar en un Airbnb.
La reacción de la derecha fue la de siempre. El PAN la calificó de “comunista”, argumentando que topar rentas ahuyenta la inversión. En una ciudad tan efervescente como la CDMX, esto es un chiste. Lo que les molesta es que se le acaba el negocio a su cártel inmobiliario.
Ciudades como Berlín, París, Barcelona o muchas en California aplican topes a las rentas para evitar ser consumidas; ninguna es comunista, simplemente entendieron que la vivienda no puede quedar a merced del mercado.
La reforma de Brugada no ataca la propiedad privada, ataca el abuso. Es un llamado para que la Ciudad de México sea, primero, para las y los chilangos. Porque la vivienda no es una mercancía, es un derecho.
