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Por Eduardo López Betancourt
elb@unam.mx
En medio de los precipitados y lamentables cambios que se han llevado a cabo en los distintos poderes judiciales, particularmente en el ámbito federal, algunos de los nuevos juzgadores electos cuentan con antecedentes que merecen reconocimiento. Sin embargo, otros carecen del más elemental sentido común, y es precisamente donde debe ubicarse al Juez Segundo de Distrito en Materia Civil, Hugo Roberto Pérez Lugo.
Este funcionario se niega de manera rotunda a recibir a los abogados litigantes e incluso a quienes acuden en defensa de sus propios intereses. El personaje se conduce como un auténtico “dios”: para obtener una audiencia con él, el solicitante debe formularle por escrito la cita correspondiente, la cual, lejos de ser concedida de forma expedita, es analizada como si se tratara de una sentencia. Peor aún, la hace pública, con lo cual exhibe al peticionario y atenta directamente contra su privacidad.
Los jueces deben tener presente, en todo momento, que son servidores públicos. Eso implica mantener las puertas abiertas para escuchar y atender a los ciudadanos, no cultivar esa actitud faraónica que tanto daño hace a la impartición de justicia. En el caso de Pérez Lugo, la situación se agrava: si algún promovente se atreve a cuestionar sus resoluciones, cae inevitablemente en su desgracia, y el juzgador responderá con criterio pasional y en sentido contrario a sus intereses.
La única ventaja en este escenario es que las “emblemáticas decisiones” de este juez son revisables en instancias superiores, donde los desaciertos de tan funesto personaje suelen ser corregidos.
Es justo señalar, además, que Pérez Lugo no es un caso aislado. La forma en que ciertos juzgadores ejercen el cargo pone de manifiesto una carencia doble: formación jurídica sólida y equilibrio psicológico. En cuanto a lo primero, resulta indispensable implementar programas de capacitación continua. En cuanto a lo segundo, es urgente hacerles comprender qué es y para qué existe un servidor público, y cuáles son los valores fundamentales que deben guiar su actuación.
Jueces como Hugo Roberto Pérez Lugo socavan de manera patética el propósito que se tuvo al reformar el poder judicial: construir una institución cimentada en los principios de justicia pronta, correcta y expedita. Mientras perfiles como el suyo permanezcan en el cargo, ese objetivo seguirá siendo, lamentablemente, una promesa incumplida.
